Jaime GUERRERO
La regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Guadalupe Urban de San Juan Cacahuatepec, fue asesinada a balazos la mañana de este jueves en la comunidad de San Antonio Ocotlán, perteneciente a este municipio de la región Costa de Oaxaca.
El crimen, que ha generado indignación en redes sociales y medios locales, se suma a una ola de violencia contra autoridades en el estado.
El ataque ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando Urban salía de su domicilio para dirigirse a un evento oficial de las “Jornadas por la Paz”, una iniciativa que involucraba a niñas, niños y representantes de los gobiernos federal y estatal.
Según reportes preliminares, sujetos armados dispararon directamente contra la regidora, ya sea desde un vehículo o a pie, y huyeron tras dejar su cuerpo en la vía pública. No se reportan heridos adicionales ni testigos detenidos.
Guadalupe Urban, originaria de San Antonio Ocotlán, había asumido recientemente el cargo de regidora de Parques y Jardines por representación proporcional para el periodo 2025-2027.
Era reconocida como una figura activa en la administración municipal, aunque no hay información disponible sobre amenazas previas en su contra.
Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) acudió al lugar para acordonar la zona, realizar el levantamiento del cadáver e iniciar una carpeta de investigación.
Hasta el momento, no se han identificado sospechosos ni se han esclarecido los motivos del crimen.
En los últimos meses, se han registrado casos similares.
15 de octubre de 2024: Asesinato del presidente municipal de Candelaria Loxicha, Román Ruiz Bohóquez.
Mayo de 2025: Emboscada contra el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García.
15 de junio de 2025: Homicidio de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, dentro del palacio municipal.
3 de noviembre de 2025: Asesinato del agente municipal de San Marcos Zacatepec, Israel Ramírez Peralta.
El crimen de Guadalupe Urban ha desatado indignación en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y medidas urgentes para proteger a funcionarios en zonas de alta conflictividad, como la Costa oaxaqueña.
Las autoridades estatales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, pero se espera que las investigaciones avancen para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
