Oaxaca, México.- Las medidas de prevención, atención y contención de la pandemia por COVID-19 deben ser regionales y atender de manera particular los contextos de cada una de las zonas de la entidad oaxaqueña, afirmó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
En este sentido, la región de la Cuenca del Papaloapan cuenta con diversos componentes que podrían representar detonantes, tales como la ubicación geográfica en la zona fronteriza con Veracruz, la actividad industrial y comercial, la densidad poblacional y desgraciadamente, una fuerte presencia de violencia en la zona.
San Juan Bautista Tuxtepec es el segundo municipio más poblado de la entidad, ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 2015 se tenían contabilizados 155 mil habitantes. Y es precisamente en esta localidad en la que, desde el arranque de la fase tres de la epidemia se ha presentado un repunten de contagios, de acuerdo con las cifras abiertas dadas a conocer por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
Ante ello, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla consideró fundamental establecer mecanismos regionalizados que permitan atender con eficiencia la enfermedad.
Resaltó la importancia de que las autoridades sanitarias doten de medicamentos y material de protección al personal de los hospitales y unidades médicas de la zona, lo que permitirá garantizar el derecho a la salud de la población, además de proteger a las y los médicos, enfermeras y trabajadores del sector.
Así también, destacó que la histórica actividad productiva, ganadera, comercial e industrial de la región de la Cuenca representa también un factor que deberá tomarse en cuenta para respecto a la jornada de sana distancia, así como al momento de reactivación económica.
La cercanía también con el vecino estado de Veracruz y el intercambio comercial, el tránsito de migrantes y la violencia son factores que también se deben atender para brindar respuestas integrales y con enfoque de derechos humanos para las y los habitantes de la región, concluyó el ombudsperson.
