Jaime GUERRERO
En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado aprobó la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, para dar paso a la creación del Comité de Participación Ciudadana como el principal mecanismo de contraloría social y vínculo directo entre la ciudadanía y las instituciones encargadas del combate a la corrupción.
La propuesta fue hecha por el gobernador, Salomón Jara Cruz, para alinear por completo el marco jurídico oaxaqueño al Sistema Nacional Anticorrupción y dotar al estado de una normativa propia para detectar y sancionar la corrupción en los ámbitos estatal y municipal.
Al igual que en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública con Sentido Social y Buen Gobierno de Oaxaca y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, votaron en contra el PRI y MC.
El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanas y ciudadanos de probidad y prestigio reconocido que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, procurando la paridad de género.
Su cargo será honorífico, durarán cinco años sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada.
No podrán tener relación laboral con la Secretaría Ejecutiva Anticorrupción (SEAC) ni desempeñar cargos que comprometan su independencia.
Por única ocasión, los primeros cinco integrantes tendrán periodos de uno, dos, tres, cuatro y cinco años respectivamente para garantizar la renovación escalonada futura.
El proceso de selección será público, transparente y autónomo: el Congreso del Estado conformará una Comisión de Selección integrada por cinco representantes de instituciones de educación superior y cuatro de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.
La comisión emitirá una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, realizará audiencias públicas, publicará currículums y documentos de los aspirantes en versión pública y elegirá a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana en un plazo máximo de treinta días hábiles una vez integrada.
El Comité de Participación Ciudadana tendrá como funciones principales coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador del Sistema Estatal, ser el enlace con organizaciones sociales y académicas, y contar con un representante con voz y voto en el propio Comité Coordinador, garantizando así que la voz de la sociedad civil esté presente en la toma de decisiones estratégicas del Sistema Estatal Anticorrupción.
El Sistema Estatal se integrará además por el Comité Coordinador (máxima autoridad de coordinación), el Comité Rector y los Sistemas Municipales Anticorrupción, reconociendo expresamente como tales a las contralorías comunitarias indígenas y afromexicanas, consejos de vigilancia y demás mecanismos de control propios de los sistemas normativos internos de los 417 municipios de usos y costumbres, con pleno respeto a su autonomía y diversidad cultural.
El Comité Coordinador estará presidido de manera rotativa y lo integrarán representantes de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada, la Secretaría Ejecutiva Anticorrupción, el Tribunal de Disciplina Judicial (o su órgano provisional), el Tribunal Superior de Justicia y el representante del Comité de Participación Ciudadana.
Entre los plazos clave de los artículos transitorios destacan: sesenta días para que el Congreso integre la Comisión de Selección, noventa días para la instalación del Comité de Participación Ciudadana y quince días posteriores para la instalación del Comité Coordinador.
Los municipios tendrán noventa días para instalar sus propias comisiones de selección y conformar comités de participación ciudadana municipales.
Jara Cruz, argumentó que, busca consolidar en Oaxaca un sistema anticorrupción sólido, inclusivo, respetuoso de la diversidad cultural y vinculante, cumpliendo así con el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028.
