Jaime GUERRERO
La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Margarita García García, reiteró las graves acusaciones contra el presidente municipal de Tlacolula de Matamoros, René Óscar Sánchez Chagoya (PT), por presuntos actos de amenazas, acoso laboral, violencia psicológica y atentados con bombas molotov dirigidos contra varias mujeres del cabildo.
De acuerdo a la legisladora oaxaqueña, se ha generado una crisis de gobernanza y un ambiente de violencia política de género que entorpece el funcionamiento del Ayuntamiento.
La denuncia de García García se suma a otras expresadas por integrantes del cabildo, en las que se acusa al alcalde de tratar al municipio “como si fuera su empresa” y de generar un clima de intimidación que afecta tanto la labor de las regidoras como la percepción de seguridad entre la ciudadanía.
“Hoy me atrevo a denunciar desde aquí que, efectivamente, hay integrantes del cabildo que, desde que entró, han denunciado que este presidente municipal piensa que está en su empresa y no en el municipio”.
En conferencia de prensa, indicó que este funcionario llegó al cargo por el PT, pero en este partido no se toleran corruptos, no se solapan violentadores, ni ningún tipo de arbitrariedades, de lo contrario, no iríamos con los principios que lo rigen.
“Presidente municipal, te recuerdo a ti y a muchos que las regidoras mujeres no son tus empleadas, también son regidoras y regidores que llegaron por la elección del voto popular. Así que, compañeras regidoras, nunca se sometan a lo que dice un presidente o una presidenta municipal. Hoy las mujeres tenemos derechos y no porque se nos haya regalado, sino porque desde los diferentes espacios hemos luchado para que se nos respete”.
Asimismo, la diputada del PT denunció que se registra un incremento de la inseguridad en el municipio, problema que no era común y la ciudadanía asegura que este fenómeno se debe a la negligencia, abandono e irresponsabilidad de la administración encabezada por este alcalde.
“Las y los habitantes del municipio tienen la preocupación de que la delincuencia pueda rebasar la capacidad de las autoridades municipales y sea insostenible esta situación que enfrenta Tlacolula de Matamoros”.
Acusó también que el alcalde no ha atendido las problemáticas que afrontan diferentes colonias y que prometió en campaña, como garantizar el abastecimiento de servicios. Incluso, dijo, pobladores de la colonia Maravillas viven intimidación, donde los han querido despojar de sus propiedades.
Cuatro regidoras del Ayuntamiento han presentado quejas formales por violencia política de género, incluyendo la síndica procuradora Maira Florizet Rodríguez Gopar, la regidora de Equidad de Género Raquel Castillo Ortega, la regidora de Desarrollo Social, Salud y Bienestar Reyna Aideé Sánchez Hernández y la regidora de Desarrollo Agropecuario y Ganadero Concepción Sofía Robles Altamirano.
Según las concejalas, las presuntas agresiones incluyen amenazas, hostigamiento y obstáculos para ejercer sus funciones, así como ataques a través de redes sociales al cuestionar el desempeño del edil.
Además, las concejales han promovido procesos de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, denunciando persecución política y pidiendo protección para ellas y sus familias ante el clima de intimidación que aseguran prevalece en el municipio.
En un desarrollo relacionado, estas servidoras públicas estimaron un posible desfalco al erario público por cerca de 84 millones de pesos, vinculado a presuntas irregularidades en la gestión de recursos y ejecución de obra pública, lo que habría intensificado las tensiones políticas internas.
Exhorto del Congreso de Oaxaca
Ante la gravedad de las denuncias, la diputada Concepción Rueda Gómez, del grupo parlamentario de Morena, presentó un exhorto urgente ante el pleno del Congreso del Estado de Oaxaca para que se solicite formalmente al presidente municipal de Tlacolula de Matamoros abstenerse de cualquier acto que pudiera constituir violencia de género o político, especialmente contra las funcionarias afectadas.
El exhorto fue aprobado de manera urgente por las y los diputados presentes durante una sesión ordinaria, aunque los legisladores del PT abandonaron el recinto antes de la votación.
Durante su intervención, Rueda Gómez recordó que este tipo de conductas son sancionables conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular el Artículo 20 Bis, y enfatizó la obligación del Poder Legislativo de garantizar espacios seguros para las mujeres que ejercen cargos públicos.
La aprobación del exhorto representa una llamada de atención institucional hacia la administración municipal de Tlacolula de Matamoros, en un contexto donde la violencia política contra mujeres funcionarias ha cobrado relevancia en diversas regiones del estado.
El caso continúa bajo escrutinio político y jurídico, en medio de un clima de tensión entre autoridades municipales, integrantes del cabildo y el Congreso del Estado, que ahora busca que se garantice el derecho de las mujeres a ejercer sus cargos sin hostigamiento ni violencia.
