Redacción|El Piñero
El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ha desencadenado una ola de indignación ciudadana y movilizaciones en la región que lamentan no sólo la pérdida de un líder local, sino también la persistencia de la impunidad en la violencia que afecta al país.
Manzo fue atacado a balazos el pasado sábado durante un acto público con motivo del festival del Día de Muertos, en pleno centro de Uruapan, donde participaba como edil. A pesar de que contaba con protección asignada desde diciembre de 2024 – incluyendo elementos de la Guardia Nacional-, los agresores aprovecharon la multitud para realizar el atentado.
En respuesta al hecho, habitantes de Uruapan, Morelia y otros municipios del estado protagonizaron marchas y manifestaciones donde exigieron “¡Justicia!” y denunciaron que la violencia ya no respeta cargos públicos ni espacios de la ciudadanía. Además, organizaciones empresariales y cámaras del país hicieron públicos comunicados para condenar el crimen “como una grave afrenta al Estado de Derecho” y demandar una investigación urgente y transparente.
Desde el ámbito político, diversos partidos expresaron su solidaridad con la familia de Manzo, pero también insistieron en que este asesinato evidencia el abandono institucional frente al crimen organizado. La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) hizo un llamado conjunto para que se castigue a los responsables y se fortalezca la coordinación entre órdenes de gobierno.
Las autoridades federales y estatales han iniciado ya diligencias, incluida la detención de dos presuntos involucrados y el abatimiento de un agresor en el lugar. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “la única manera de construir paz y seguridad es la justicia; justicia social y un verdadero sistema de justicia con cero impunidad”.
Este homicidio marca un nuevo punto crítico en el estado de violencia que azota a Michoacán, y reaviva la pregunta sobre hasta cuándo las localidades podrán vivir sin el temor constante a que la violencia política o criminal se cobre otra vida.
