Por: José Murat | La Jornada
El incremento de 13 por ciento al salario mínimo anunciado para 2026, porcentaje muy por encima de la inflación, a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y secundada por los sectores productivos representados en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es un acto de justicia social, que se inscribe en el proceso iniciado en 2019 para reivindicar y dignificar el ingreso base de los trabajadores mexicanos.
Es mucho más que una cifra económica. Un indicador del poder adquisitivo del salario mínimo es el reconocimiento concreto de que los generadores de la plusvalía y los movilizadores de las cadenas productivas que sostienen al país merecen participar de los beneficios de su trabajo esmerado y cotidiano, ellos y su familia.
El alza sostenida del salario real de los trabajadores mexicanos en los últimos siete años no sólo es el mayor registrado en el subcontinente latinoamericano en ese periodo, sino es el mayor aumento entre los 38 países agrupados en la OCDE, las mayores y más desarrolladas economías del mundo, grupo del que México forma parte. El salario mínimo de México se ha incrementado 86.6 por ciento por arriba de la inflación entre mayo de 2019 y mayo de 2024, mientras que, en promedio, el salario mínimo de los países miembros de esa organización mundial acumula un crecimiento de sólo 12.8 por ciento real. El segundo país, después de México, con el mayor aumento real es Turquía, con 41.7 por ciento, en un contexto de inflación descontrolada; y el tercero es Polonia, con 32.1 por ciento.
Año por año, el nuevo incremento se suma a una serie de alzas de doble dígito desde 2018: 16.2 por ciento en 2019, 20 en 2020, 15 en 2021; 20 en 2022, 20 en 2023, 20 para 2024 12 en 2025 y el más reciente, 13 por ciento para 2026.
Para decirlo en términos absolutos, abonando a una mejor comprensión del tema: de menos de 90 pesos diarios en 2018, transitamos a 315 pesos en 2026, 350 por ciento más en términos nominales y casi 100 por ciento más en términos reales, en la cartera y en la mesa de los trabajadores de menores ingresos. De esta manera, la retribución mínima de los trabajadores será de 9.852 pesos mensuales para el próximo año. En la zona libre de la frontera norte, franja con incentivos fiscales compuesta por 43 municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el salario mínimo subirá de 419.88 pesos a 440.87 pesos por día, para un total de 13.409 pesos mensuales.
Es la gran medida de política pública que los gobiernos neoliberales no quisieron hacer, ni los del PRI ni los del PAN, porque se partía de la falsa premisa de que no lo resistiría el aparato productivo, quebrarían las empresas, y al final los principales perdedores serían los propios trabajadores, por dos vías: muchos se quedarían sin empleo, y quienes lo conservaran terminarían perdiendo lo ganado nominalmente por la vía de la inflación, el incremento de los precios.
Yo nunca creí en esa falacia, y lo comentaba ya desde hace más de 10 años, en artículos de opinión en este mismo espacio editorial, cuando planteábamos la reforma pendiente al salario mínimo, para hacerlo constitucionalmente siempre superior a la inflación. No sólo por justicia social, sino por racionalidad económica: elevar el poder adquisitivo del salario no sólo beneficia al trabajador y a su familia, sino al país entero, pues se dinamiza y crece el mercado interno, el potencial de la demanda.
Crece la demanda porque se reduce la pobreza. El universo de más de 13 millones de mexicanos que dejaron de pertenecer a ese segmento social en el periodo 2018-2024 –tendencia que seguramente se mantendrá en 2025–, obedece en primer lugar a la dignificación del salario mínimo, y en segundo a los programas sociales focalizados y directamente entregados a los beneficiarios, más otras medidas de política pública, como mejores servicios públicos en las viviendas de los mexicanos, tanto del campo como de la ciudad, si bien todavía con serias asignaturas pendientes.
Según la Conasami, “de las 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza en el periodo, 6.6 millones se pueden atribuir exclusivamente a los incrementos del salario mínimo”.
Es un proceso de incremento del poder adquisitivo del salario que se mantendrá porque el Plan Nacional de Desarrollo tiene un objetivo explícito: mantener aumentos anuales de alrededor del 12 por ciento durante todo el sexenio para que los que ganan el salario mínimo puedan acceder a 2.5 canastas básicas de alimentos para el final de esta administración en 2030, frente a 1.7 por ciento actual.
El siguiente reto es impulsar un mayor crecimiento económico, en un entorno internacional cada vez más demandante, e incrementar la productividad de las empresas, para darle un piso sólido a los incrementos salariales, lo que implica invertir en educación, en infraestructura, eficientar los servicios, y brindar a los trabajadores un mejor acceso a la tecnología, la capacitación y los servicios financieros.
En suma, el incremento de 13 por ciento al salario mínimo para 2026, sumándose al proceso de dignificación iniciado en 2019, es un acto de justicia del Estado mexicano y de los sectores productivos hacia los trabajadores mexicanos y sus familias. Es también una medida de política pública que fortalece la economía, y especialmente el tamaño y la solvencia del mercado interno. Ganan los trabajadores, gana el país entero.
