Redacción El Piñero | Corresponsalía
México.- El creador de contenido Diego Ruzzarín afirmó que la muerte del alcalde de Uruapan volvió a poner en evidencia un problema estructural, a su juicio, mientras no se reforme el sistema fiscal y las vías para el lavado de recursos queden clausuradas, la operación económica que sostiene al crimen organizado impedirá que cualquier estrategia policiaca tenga éxito; en su análisis también advirtió sobre el riesgo que enfrentan activistas y políticos no corruptos, a quienes describió como blanco permanente de agresiones.
Los señalamientos se dan en el marco de la reciente agresión que sufrió Carlos Alberto Manzo, presidente municipal de Uruapan, quien perdió la vida tras ser atacado durante un acto público; el episodio ha desatado críticas y cuestionamientos por la seguridad de autoridades locales y por la continuidad de células criminales en la región. Las pesquisas iniciales han apuntado a la posible participación de células afines al Cártel Jalisco Nueva Generación en ese atentado, según las fiscalías y fuentes de seguridad.
Ante lo ocurrido, Ruzzarín pidió enfocar la lucha contra el crimen en el desmantelamiento de sus soportes financieros —activos, estructuras de lavado y redes transnacionales— y no solo en operativos visibles, pues, dijo, eso solo reacomoda el problema. Expertos y organismos internacionales también han señalado la necesidad de endurecer las normas antilavado y mejorar la trazabilidad de activos; México impulsó en 2025 cambios importantes a su marco antilavado con la intención de cerrar espacios para la ocultación de recursos, aunque analistas sostienen que falta atacar las estructuras financieras transfronterizas que permiten la continuidad delictiva.
Las autoridades federales y estatales han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, pero el planteamiento de Ruzzarín abre la discusión pública sobre si las respuestas policiales y operativas alcanzan para romper el ciclo delictivo o si es indispensable una reconfiguración profunda del régimen fiscal y de lavado de activos para golpear el poder económico que sostiene a las organizaciones.
