Jaime GUERRERO
Oaxaca-El actual Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, Leopoldo Andrés Barrera Sánchez -y aspirante a Sub auditor de la planeación y normatividad- es señalado de ser el autor intelectual del amparo que interpuso el actual titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, en su intento por poner en jaque el proceso de renovación de ese organismo.
Fuentes de la ASE, revelaron que Barrera Sánchez, busca perpetuarse por 7 años en lo que será el Organismo Superior de Fiscalización del Estado, para cuidarle las espaldas a Altamirano Toledo, debido a que ambos orquestaron el juicio de amparo contra la LXIII Legislatura, para que infructuosamente se entrapara el proceso de renovación.
La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso, Eva Diego Cruz, reveló en la víspera, que Altamirano Toledo, también se amparó contra el Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa; el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuard Mafud Mafud; el pleno de la Cámara de Diputados; el Consejero Jurídico, Octavio Tinajero Zenil.
Barrera Sánchez, fue el artífice de esas estrategias jurídicas contra el Congreso y Murat Hinojosa. Éste lunes, se presentan las ternas ante el pleno del Congreso del Estado, para elegir a los nuevos titulares del OSFE.
Además, fuentes de la ASE confiaron que el actual titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, ha ordenado guerra sucia contra otros aspirantes, en su afán de seguir en lo que será la OSFE para cuidarle las espaldas a Altamirano Toledo.
Cabe recordar que el Juzgado Décimoprimero de Distrito de Oaxaca, perteneciente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación (PJF), había concedido a Altamirano Toledo, titular de la ASE, la suspensión provisional solicitada en el juicio de amparo contra la LXIII Legislatura, por presuntos actos de inconstitucionalidad en las reformas que crean el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) y que lo desaparecen en el cargo.
NO obstante, el Juez les negó la suspensión definitiva y el proceso de renovación sigue firma y podrán asumir los nuevos titulares de la OSFE y tres sub-auditorias.
El pasado 11 de octubre, la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso, Eva Diego Cruz, detalló que Altamirano Toledo, también se había amparado contra el Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa; el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuard Mafud Mafud; el pleno de la Cámara de Diputados; el Consejero Jurídico, Octavio Tinajero Zenil.
Fue el pasado 9 de octubre, cuando Altamirano Toledo, promovió el recurso de amparo el cual fue asentado en el número de registro 009376/2017 y turnado al juzgado décimo primero de distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
En el acto reclamado señalaba inconstitucionalidad de leyes en las reformas a los artículos 59 fracciones XXII, XXIII y XXXVII, 65 bis de la constitución política del estado, con la principal pretensión de mantener el cargo que concluiría en agosto de 2018.
El 28 de septiembre de 2017 fue lanzada la convocatoria para elegir al titular del OSFE y los tres subauditores. La etapa de inscripción concluyó el pasado 10 de octubre con 46 personas inscritas para ocupar uno de los tres cargos.
Además, la dinastía perredista, Altamirano Toledo y Carol Antonio Altamirano, (sobrino del auditor), buscan colocar a a José de Jesús Silva Pineda, actual asesor del diputado local perredista.
El asesor fungió Como Sub Procurador Del Estado En El Sexenio De Ulises Ruiz Ortiz; Sub Director Del IEEPO Durante El Gobierno De Gabino Cue Monteagudo; y Sub Secretario de Gobierno y Desarrollo Político de la SEGEGO en el Gobierno de Cue; no obstante, no tiene experiencia en temas de fiscalización.
También busca colarse como Sub-auditor, José García Aguilar, quien en el 2012 fue Administrador Municipal de Santiago Choapam, propuesto por el PAN.
A la fecha, no ha acreditado los años que se requiere como experiencia en temas de fiscalización. Se ha propalado de presunta falsificación de firmas en nómina durante su encargo como Director Jurídico del DIF Estatal durante el Gobierno de Gabino Cue Monteagudo.
Así mismo, es señalado de presuntas irregularidades en las licitaciones con la Empresa SEREL con quien el Gobierno de Cue Monteagudo, contrato por 3 mil millones de pesos, así como desvió de apoyos proporcionados por el DIF Estatal a la Comunidades, presuntamente falsificando firmas.