Jaime GUERRERO | El Piñero
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023 -a partir de la fórmula establecida en la Constitución y aprobada por legisladores de todos los institutos políticos-, por un monto de 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos.
El financiamiento en referencia se integra fundamentalmente de lo asignado para actividades ordinarias permanentes que será de 5 mil 936 millones y el resto para “actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica”.
En actividades específicas a los partidos políticos se les prevé destinar 178 millones 80 mil 495 pesos; en franquicia postal 118 millones 720 mil 329; y e franquicia telegráfica 693 mil 490 pesos.
Por orden de antigüedad, el PAN tendrá –solo para actividades ordinarias–, 1 mil 101 millones; el PRI, 1 mil 79 millones; PRD, 424.3 millones; PT, 405.5 millones; el Verde Ecologista, 507.5 millones; Movimiento Ciudadano, 570 millones, y Morena, 1 mil 837 millones de pesos.
El partido del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, es el instituto político que más recursos recibirá para el 2023.
El Consejero Presidente del órgano electoral federal, Lorenzo Córdova Vianello, recordó que cada año el INE calcula el monto del financiamiento que reciben los partidos, con base en una fórmula establecida en la Constitución.
Dicha fórmula de cálculo, enfatizó, no admite debate o negociación alguna, sino que es un mandato establecido en el artículo 41 de la Constitución por los mismos legisladores de todas las fuerzas políticas.
Destacó que el modelo de financiamiento predominantemente público de los partidos políticos es uno de los pilares de nuestro sistema electoral y es el producto de la evolución de dicho sistema a partir de una serie de reformas que, “consensuadas entre las propias fuerzas políticas, se han ido perfeccionando y mejorando las condiciones de legalidad, certeza y equidad en la contienda política”.
El modelo de financiamiento público, sostuvo, ha contribuido a un triple propósito: “la legalidad y certeza sobre el financiamiento de la política, la equidad en la competencia, así como la transparencia en el manejo de los recursos por parte de partidos, candidatas y candidatos”.
Por su parte, el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, destacó que el Estado mexicano va a gastar algo más de seis mil millones de pesos en financiar a sus partidos políticos y ese gasto le ahorrará a la sociedad a lo largo y ancho del país, muchísimo más dinero, evitando compromisos, evitando la tentación de venderse a los intereses privados.
“Cada uno de los pesos que la sociedad mexicana va a invertir en 2023 financiando a los partidos políticos es una cantidad muy superior de dinero que se ahorra en relación a lo que ocurriría, si las elecciones estuvieran sometidas a subasta entre los grandes capitales”.
Con base en la fórmula que establece la Constitución mexicana y la Ley General de Partidos Políticos, tomando en cuenta los resultados de la elección ordinaria federal para elegir diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política.
En su intervención, la Consejera Norma De la Cruz Magaña llamó a los partidos políticos a hacer un uso responsable de los recursos asignados, “demostrando que serán empleados de acuerdo con la normativa aplicable vigente y que cumplen con la funcionalidad para la que son designados, que deberán de aplicar el financiamiento para los fines establecidos en la normativa, transparentando su uso y destino, así como rendir cuentas no sólo a esta autoridad, sino a la sociedad”.
Respecto al tres por ciento del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes que cada partido político debe destinar para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, la Consejera Dania Ravel Cuevas recordó que ese porcentaje es un piso mínimo.
Por su parte, la Consejera Carla Humphrey Jordan reconoció que hasta ahora el sistema de financiamiento a partidos políticos ha logrado combatir de forma adecuada el uso de recursos ilícitos en las campañas electorales.
Sin embargo, llamó a promover, junto con las y los legisladores, “diversas medidas para hacer frente a nuevos problemas que enfrentamos en el financiamiento en efectivo a las campañas, a dinero del crimen organizado y, por supuesto, a fiscalizar de una manera mucho más adecuada cómo se están gastando e ingresando estos recursos”.
El Consejero Jaime Rivera Velázquez, destacó en que, por consenso de una serie de reformas electorales pactadas por las distintas fuerzas políticas, se acordó el financiamiento público de los partidos políticos como un mecanismo que favorece las condiciones de equidad en la competencia por el poder.
Recalcó que Morena mientras fue oposición no reclamó la disminución del financiamiento público porque lo necesitaba para competir por el poder, ¿por qué será que ahora desde el gobierno lo desdeña e incluso pretenda desaparecerlo o al menos el financiamiento ordinario para que los partidos puedan funcionar de manera permanente?, cuestionó.
“El INE no está impulsando ningún acuerdo a capricho o a beneficio de uno u otro actor político, sino aplicando literalmente la Constitución como venturosamente lo hace desde que esta disposición de financiamiento público predominante quedó en la Carta Magna, allá en 1996”, defendió el Consejero Ciro Murayama Rendón.
