Jaime GUERRERO
Integrantes de la Defensoría Cristiana de Derechos Humanos de Oaxaca denunciaron este miércoles que, pese a los 165 años de la promulgación de la Ley de Libertad de Culto de 1860, la intolerancia religiosa sigue vigente en gran parte del estado, especialmente en los 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos (usos y costumbres).
Durante un acto conmemorativo realizado al pie de la estatua de Benito Juárez en el Parque Juárez El Llano, los activistas recordaron el caso de San Juan Lalana, en la región Mixe, donde hace dos años y medio doce familias cristianas fueron expulsadas de su comunidad, su templo fue incendiado y les despojaron terrenos y cabezas de ganado.
Hasta la fecha, los afectados permanecen desplazados –algunos en municipios cercanos de Oaxaca y otros en Veracruz– sin que se haya logrado su retorno ni la devolución de sus bienes.
“Han pasado ya dos años y medio y no han regresado. Sus bienes están perdidos, no ha habido reconstrucción ni avances reales. El trabajo va muy lento”, lamentó Azael Ramírez Miguel, representante de la Defensoría Cristiana.
Ramírez Miguel alertó que existen “focos rojos” en la mayoría de los 417 municipios oaxaqueños con usos y costumbres, donde los conflictos religiosos permanecen latentes.
Explicó que cada cambio de autoridad municipal –que en muchos casos ocurre anualmente– suele invalidar acuerdos previos, lo que reabre la puerta a nuevas agresiones.
“Las actas de asamblea se imponen por encima de la Constitución. Dicen que lo que decide la asamblea es lo que vale, aunque viole garantías individuales como la libertad de culto”, denunció.
Señaló que recientemente detectaron otro caso en el Valle Central, donde una asamblea amenazó con expulsar o sancionar a quienes no participen en las festividades religiosas tradicionales.
“Es un rezago que persiste en pleno siglo XXI”, lamentó, Ramírez Miguel, quien insistió en la necesidad de capacitar permanentemente a las nuevas autoridades municipales para que respeten la supremacía constitucional sobre los acuerdos de asamblea.
Aunque reconoció que la Fiscalía del Estado ha realizado algunas diligencias, el activista lamentó la imposibilidad de que peritos ingresen a las comunidades afectadas para cuantificar los daños.
Estimó que las pérdidas ascienden a varios millones de pesos, sin poder ofrecer una cifra exacta debido al continuo incremento del valor del ganado y la falta de acceso para avalúos.
“Queremos que haya diálogo real y directo para que nuestros hermanos puedan regresar con dignidad y seguridad”, concluyó el representante de la Defensoría Cristiana.
Por lo pronto, exigió a las autoridades estatales y federales intervenir de manera decidida para garantizar el ejercicio pleno de la libertad religiosa en todo el territorio oaxaqueño.
