Jaime GUERRERO
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Tania Caballero Navarro; la titular de la Mesa Directiva, Eva Diego Cruz, y la diputada Concepción Rueda Gómez manifestaron su rechazo al comportamiento del diputado de Morena, Oliver López García, señalado por solicitar trabajadoras con características estereotipadas y por presuntas conductas de cosificación hacia las mujeres.
De igual forma cuestionaron al diputado Zeferino García Jerónimo, sobre quien pesan diversas denuncias de violencia familiar y acosos laboral en Estados Unidos.
Las legisladoras anunciaron que buscarán impulsar un protocolo institucional desde el Poder Legislativo para erradicar las violencias contra las mujeres.
No obstante, admitieron que no cuentan con facultades para remover del cargo a los diputados, salvo que exista una denuncia formal y un proceso jurisdiccional que derive en una sentencia.
“No debieron ser candidatos”
La diputada Concepción Rueda Gómez consideró que, tomando en cuenta las leyes vigentes en materia de violencia política y las normas que rigen las postulaciones a cargos públicos, Oliver López y Zeferino García no debieron haber sido candidatos desde un inicio. Sin embargo, recordó que dichos lineamientos solo aplican cuando existe una sentencia firme.
Rueda señaló que lo ideal sería que el diputado López reconociera su conducta, ofreciera una disculpa pública y modificara su comportamiento, entendiendo el alcance de las violencias contra las mujeres. También lamentó que, pese a haber tenido enfrentamientos verbales previos con ambos legisladores, la ley no permite retirarles el cargo.
Llamado a denunciar
Caballero Navarro explicó que se ha dialogado con integrantes de todas las fuerzas políticas, incluidos los diputados señalados, pero reiteró que sin denuncias formales no es posible aplicar sanciones administrativas o iniciar procesos mayores.
Hizo un llamado a todas las mujeres que se hayan sentido agredidas o violentadas a interponer las denuncias correspondientes, a fin de que el Congreso tenga herramientas legales para actuar. Aclaró que la Junta de Coordinación Política no tiene facultades para promover desafuero o revocación de mandato.
La legisladora añadió que trabajan en conjunto con diputadas para diseñar talleres de sensibilización, procesos de deconstrucción y nuevos protocolos, al tiempo que insistió en que no se tolerará ningún tipo de violencia contra las mujeres.
“Algo está sucediendo”
Por su parte, la diputada Eva Diego Cruz recalcó la importancia de marcar un precedente dentro del Congreso. Subrayó que no se respaldará a ningún legislador que incurra en conductas indebidas y recordó que está en comisiones una iniciativa de ley para prohibir de forma expresa cualquier forma de acoso dentro del recinto legislativo.
Diego Cruz mencionó que sobre el diputado migrante Zeferino García existen denuncias de acoso laboral, violencia familiar y otros señalamientos en Estados Unidos, mientras que sobre Oliver López persisten diversos indicios. Consideró indispensable no minimizar estas alertas: “cuando hay indicios recurrentes, algo está sucediendo”.
La diputada reconoció que durante años las propias legisladoras callaron situaciones normalizadas, pero celebró que hoy ya no permanezcan en silencio: “ya no es normal y ya nos indigna”.
Revisión del Código de Ética
Finalmente, Diego Cruz recordó que el Congreso cuenta con un código de ética vigente, por lo que resulta urgente revisar la conducta de los legisladores y garantizar que su actuar se mantenga libre de violencia y de cualquier forma de acoso hacia las mujeres. “Debe quedar claro que nadie puede violentar derechos ni acosar a las trabajadoras o a las diputadas”, afirmó.
Con ello, las legisladoras recalcaron que seguirán impulsando rutas institucionales para prevenir, sancionar y visibilizar las violencias dentro del Poder Legislativo, y reiteraron que no serán cómplices de ningún acto que vulnere la seguridad y dignidad de las mujeres.
Los diputados de la bancada de Morena en Oaxaca —Zeferino García Jerónimo y Oliver López García— enfrentan en las últimas semanas señalamientos públicos que han derivado en pedidos de investigación y exigencias de separación temporal del cargo mientras se aclaran los hechos.
En el caso de Zeferino García, legislador migrante y empresario radicado en Estados Unidos, la denuncia pública habla de presuntas agresiones de carácter familiar y laboral, incluyendo señalamientos de violencia intrafamiliar, acoso y abuso sexual.
Según las denunciantes, habrían ocurrido también en territorio estadounidense y ya se llevaron carpetas a instancias locales y federales.
La acusación se hizo pública en la conferencia matutina de la presidencia y organizaciones y activistas afirmaron que existen documentos y acuses de recibo presentados ante instancias electorales y partidistas.
El diputado ha negado las imputaciones y ofrecido una conferencia de prensa para responder a los señalamientos; en tanto, legisladoras de la misma bancada y de otros partidos han exigido una aclaración exhaustiva.
Por su parte, Oliver López García, diputado local por el distrito XI (Matías Romero), enfrenta acusaciones públicas relacionadas con la “cocificación” de mujeres —es decir, señalamientos sobre condicionar empleos o apoyos a la contratación de mujeres jóvenes—, presunta imposición de “listas” para beneficiarios de programas, así como audios y mensajes que circulan en redes sociales y que han sido retomados por medios locales.
Por estos hechos, la diputada del PT Margarita García y otras voces políticas pidieron que López se separe del cargo mientras se investigan las acusaciones; también el gobernador, Salomón Jara Cruz, y actores locales cuestionaron la conducta del legislador.
