Jaime GUERRERO
Mientras ciudadanos claman por acceso a la justicia, sindicatos del Poder Judicial exigen más prebendas que cuestan millones.
En una entidad miles de oaxaqueños esperan por una resolución judicial, el sindicalismo enquistado en el Poder Judicial del Estado exhibe su rostro más descarnado: la defensa de privilegios por encima del servicio público.
Las recientes exigencias sindicales revelan una mentalidad que poco tiene que ver con los derechos laborales legítimos y mucho con la construcción de feudos burocráticos.
La petición de 60 comisiones sindicales —es decir, trabajadores liberados de toda función jurisdiccional pero con salario íntegro— y la eliminación de controles de asistencia representa un golpe directo a la ya maltrecha credibilidad del sistema de justicia estatal.
Hablamos de más de 13 millones de pesos anuales destinados no a mejorar los juzgados saturados, no a capacitar personal, no a digitalizar expedientes que se acumulan en bodegas polvorientas, sino a mantener una estructura sindical que funciona como Estado dentro del Estado.
La paradoja es brutal: mientras jueces y magistrados enfrentan presiones legítimas por rezagos y lentitud procesal, los sindicatos exigen que decenas de sus agremiados cobren sin trabajar.
Mientras víctimas de delitos esperan audiencias, mientras empresas frenan inversiones por inseguridad jurídica, mientras familias se endeudan pagando abogados para procesos interminables, hay quienes consideran un derecho adquirido el no cumplir horarios ni responsabilidades.
Este sindicalismo no defiende trabajadores; defiende privilegios anacronicos que ningún oaxaqueño común puede siquiera imaginar.
¿Qué empleado del sector privado puede exigir cobrar sin presentarse? ¿Qué profesionista puede reclamar salario completo estando “comisionado” indefinidamente a tareas ajenas a su contrato?
El problema trasciende lo económico. Cada peso despilfarrado en estas concesiones es un peso menos para fortalecer la procuración de justicia. Pero más grave aún es el mensaje cultural: en el Poder Judicial de Oaxaca, al parecer, hay quienes están por encima de la rendición de cuentas que se exige a todos los demás.
Frente a la crisis de credibilidad que se pretende abatir con la reforma al Poder Judicial, estos chantajes sindicales no solo son inaceptables —son obscenos.
Representan la antítesis de lo que debería ser una institución al servicio de la ciudadanía.
La pregunta que deberían responder los líderes sindicales y las autoridades judiciales que ceden ante estas presiones es simple y demoledora: ¿cómo le explican a una madre que busca justicia para un hijo desaparecido que no hay recursos suficientes, mientras millones se evaporan en prebendas corporativas?
Oaxaca merece un Poder Judicial profesional, eficiente y transparente.
Lo que tiene, en cambio, es una estructura donde ciertos grupos anteponen sus intereses gremiales al clamor social por justicia. Hasta que esto no cambie, la credibilidad institucional seguirá siendo la principal víctima.
