Redacción | El Piñero
Puebla.— El robo de las llantas de la camioneta del diputado federal de Morena, Ignacio Mier Bañuelos, no solo activó un operativo de gran escala en la zona conocida como “la 46”; también volvió a exhibir una asimetría persistente en la forma en que las autoridades responden cuando la persona afectada pertenece a la clase política. En cuestión de horas, la Fiscalía General del Estado (FGE) desplegó recursos, personal y coordinación interinstitucional que rara vez se observan cuando el agravio recae en un ciudadano común.
La investigación, según la versión oficial, comenzó tras el reporte del hecho ocurrido la madrugada del 15 de enero en el estacionamiento de Plaza Ventura, sobre la Vía Atlixcáyotl. A partir de ese aviso, agentes identificaron espacios de resguardo de autopartes sin respaldo documental en la calle 46 Poniente, en la colonia Cleotilde Torres.
El procedimiento derivó en órdenes de cateo para dos inmuebles y en el aseguramiento de un vehículo, placas, refacciones, sustancias ilícitas y un artefacto bélico, todo bajo resguardo del Ministerio Público.
El despliegue fue visible y contundente, vecinos relataron que alrededor de las 8:30 horas se restringió la circulación en calles aledañas mientras personal de seguridad revisaba un local comercial y una bodega para verificar la posesión legal de las autopartes.
No hubo confrontaciones ni incidentes, pero sí una escena poco habitual para quienes, desde hace años, reportan hechos similares sin obtener respuestas inmediatas ni resultados equivalentes.
Aquí es donde el contraste se vuelve inevitable. En 2025, la propia FGE reconoce mil 972 denuncias por robo de autopartes en Puebla. La mayoría de esos casos no derivan en operativos coordinados con DEFENSA, SEMAR, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ni en cateos exprés, ni en comunicados detallados.
La diferencia, sugieren críticos y habitantes, no está en el delito, sino en quién lo padece.
El caso ha reactivado una discusión incómoda: la capacidad del Estado existe, pero parece activarse con mayor rapidez y contundencia cuando el afectado es un actor político. Para el resto de la población, la respuesta suele ser lenta, fragmentada o inexistente. En ese espejo, “la 46” no solo volvió al escrutinio público; también dejó al descubierto una brecha de trato que sigue marcando la relación entre autoridades y ciudadanía.
