Jaime GUERRERO
La Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios de la LXIV Legislatura, procesa al menos diez solicitudes de revocación de mandato de presidentes municipales por distintas causales, entre ellas, el presunto desvío de recursos, vinculación en procesos penales e ingobernabilidad por la disputa de poder de grupos locales.
El Presidente de ese órgano legislativo, Jorge Villacaña Jiménez, citó los casos de Santiago Xanica, donde el presidente municipal es denunciado de presuntos desvíos millonarios . el dictamen de la revocación de mandato ya está listo para ser sometido al pleno del Congreso.
San Jacinto Amilpas, en donde la edil, Yolanda Santos, enfrenta un conflicto interno con dos regidoras por el manejo de recursos y pago de dietas. Tlacolula de Matamoros, con Carlos León Monterrubio, quien en los últimos días ha exhibido la falta de oficio gubernamental para dar cause al conflicto que ha generado la reconstrucción de una escuela en esa población.
En ese caso, Villacaña Jiménez, aclaró que el munícipe no ha presentado formalmente su solicitud de renuncia. “NO hay renuncia formal. Hay petición de revocación de mandato que hicieron vecinos pero aun no la ingresan a Oficialía de Partes”, puntualizó.
La revocación del mandato en los municipios, en algunos casos podrían resolverse por la vía de la conciliación en la Secretaría General de Gobierno (Segego), “y no nos tengamos que ver en la necesidad de seguir con esto”, previó Villacaña Jiménez.
“La revocación del mandato de los presidentes es por causas diversas. Falta de comprobación de recursos, ingobernabilidad como el caso de Xanica y Ayotzintepec”, apuntó.
En el caso del presidente municipal de Ayotzintepec, Víctor Mendoza Velasco, un grupo de pobladores demandaron su destitución debido a que el 10 de octubre presuntamente agredió a una persona con arma de fuego. De la misma manera señalaron que hay anomalías en la aplicación de los recursos.
A su vez el presidente de Santiago Xanica, Ricardo Luría Alcázar, ha sido señalado de asignar de manera anómala los recursos del ramo 28 y 33 a sus tres agencias municipales.
Arturo García, presidente de Jalapa de Díaz, fue detenido recientemente por la Fiscalía de Justicia de Oaxaca acusado de secuestro y desaparición forzada. Yolanda Santos Montaño, presidenta de San Jacinto Amilpas, ha sido señalada por desfalcos y cobros excesivos a la ciudadanía.
En el caso de Ramiro López, edil de San Marcial Ozolotepec, fue detenido el pasado 10 de octubre por su probable responsabilidad en el homicidio de tres personas.
El presidente de San Blas Atempa, Antonio Morales, se encuentra vinculado a proceso por el delito de despojo.
Villacaña Jiménez, destacó que en el caso de los municipios que enfrentan fenómeno de ingobernabilidad, una alternativa de solución es ante la Secretaría General de Gobierno y no se tenga que dar cause en el Poder Legislativo, debido a que es un proceso de 3 meses.
“Cuando las diferencias se puedan zanjar, cuando puedan dirimir su problemática por medio de la conciliación lo hagan porque cuando llega a la Cámara de Diputados, está obligada a dictaminar en favor o en contra de lo que se está pidiendo y no hay vuelta atrás. Si el conflicto se puede arreglar, que lo hagan en beneficio de las personas a quienes representan”, declaró.
Bajo esa perspectiva, calculó que el 50 por ciento de los problemas políticos de Oaxaca -bloqueos, marchas, toma de oficinas gubernamentales- se dan por la falta de recursos de manera oportuna y equitativa entre las cabeceras y sus agencias.
Consideró que, en ese caso, si existe una distribución equitativa desde el Congreso Federal, sería una alternativa para evitar conflictos municipales.
Villacaña Jiménez, aclaró que la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo Local, es un cuerpo colegiado que se circunscribe a lo que establece la ley y analiza las posiciones de las partes en conflicto, no es una instancia de conciliación. No obstante, apeló a que las partes lleguen a acuerdos antes de procesar la revocación de mandato de sus respectivos ediles.
