Jaime GUERRERO
Oaxaca.- Catorce años después, en lo que parece un ajuste de cuentas -de grupos políticos de Morena y hasta del PRI-PVEM-, el pleno de la LXIV Legislatura, aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que, ordena el retiro de las placas conmemorativas instaladas en la sede del Congreso del Estado, en las que aparecen los nombres del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y del ex presidente de la Gran Comisión del Congreso, Bulmaro Rito Salinas.
Esa determinación -como si fuera lo más importante en materia legislativa, que no es más que una estridencia mediática- se tomó en la primera sesión virtual del Pleno Legislativo de Oaxaca, correspondiente al tercer Periodo Extraordinario de Sesiones.
Los legisladores priístas, la mayor parte de ellos, grandes beneficiarios del ex gobernador, principalmente el coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Avilés Álvarez, no se inmutaron, ni una sola palabra de defensa emitió el ex ulisista, en favor de su otrora jefe político y férreo aliado.
Hoy Avilés Álvarez, sirve y obedece a otro jefe político. Literal, “viva el Rey, muera el Rey”.
Inclusive, Avilés Álvarez, obedeciendo instrucciones de sus nuevos jefes políticos, votó a favor de retirar el nombre de su ex jefe político-gubernamental y gran benefactor. Lo mismo, la ex secretaría de transporte, Aurora López Acevedo, votó a favor. La ex titular de la Setran, fue denunciada y procesada en el sexenio de Ruiz Ortiz, por el presunto delito de clonación de concesiones del servicio de transporte público. Le giraron orden de aprehensión. Nunca fue detenida.
En el 2010, en la camapaña a gobernador del ex mandatario, Gabino Cué Monteagudo, la empresaria transportista, denunció en conferencia de prensa -acompañada de los dirigentes nacionales del PAN y PRD- que fue violada y sometida por el ex jefe policiaco, Manuel Moreno Rivas. En la clase política-electoral, afirman que todo fue un show mediático de la hoy diputada local del Partido Verde Ecologista. NO existe ningún detenido por ese caso.
En contra de esa determinación, el diputado de Morena, Luis Alfonso Silva Romo, consideró que independiente de los juicios, borrar evidencias físicas de ese tipo que contribuyan a la memoria, no es positivo. “Yo creo que borrar la historia no lo veo bueno”, apuntó.
El morenista, Pavel Meléndez Cruz, aseguró que el periodo de Ruiz Ortiz, fue negro y sangriento, y al retirar el nombre de esas personas, es hacer justicia simbólica por respeto al magisterio y al movimiento democrático de Oaxaca, para que el Congreso no honre la actuación del ex mandatario y el ex presidente del Congreso del Estado.
Fue más allá, al considerar la creación de una comisión de la verdad, aún cuando el ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, creó una que encabezó el activista, Alejandro Solalinde Guerra, cuyo presupuesto fue de más de 9 millones para que al final emitiera un informe sin efectos legales.
La panista, María de Jesús Mendoza Sánchez, cuestionó el protagonismo político de Meléndez Cruz. Le pidió dar seguimiento a las denuncias penales y le recordó que una comisión de la verdad fue encabezada por Solalinde Guerra, “hoy aliado del gobierno federal. Realmente no hacen las cosas cuando se les da un cargo”, asestó.
La determinación de retirar los nombres de Ruiz Ortiz y Rito Salinas de la sede del Congreso del estado, de acuerdo a la propuesta del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio, obedece a que es responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en 2006 y 2007 durante el conflicto sociopolítico en la entidad, de acuerdo al informe “Ya sabemos, No más impunidad en Oaxaca”, emitido en 2016 por parte la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO).
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado con 30 votos de las y los integrantes del Pleno Legislativo, precisa que el informe de la Comisión documenta la responsabilidad del ex gobernador de Oaxaca ante graves violaciones, derivadas de la ingobernabilidad, por lo tanto hay una responsabilidad de Estado.
También, señala que uno de los cómplices de Ruiz Ortiz en ese proceso, fue Rito Salinas, quien como presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, avaló la represión contra el movimiento de 2006 y 2007.
Actualmente, en el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan existen dos placas conmemorativas con el nombre de Ulises Ruiz Ortiz, y una de ellas junto con el nombre de Bulmaro Rito Salinas.
