- También fueron detenidos elementos y comandante de la AEI
Por: Eugenio GONZÁLEZ| El Piñero
Oaxaca, México.- En las últimas horas, se confirmaron las órdenes de captura en contra de Evencio Nicolás Martínez y de Daniel Camarena Flores, extitulares de la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), respectivamente, en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz.
Ambos son acusados de ser los probables responsables de las desapariciones forzadas de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, activistas del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en mayo del 2017 cuyo caso también fue denunciado ante la Corte Penal Internacional.
Fue un juez federal del estado de Jalisco quien libró las órdenes de aprehensión. Y fueron fuerzas federales las que han ejecutado las detenciones, mismas que se realizaron este jueves -06 de agosto-.
Se estableció que en el marco de estas órdenes de captura, además de Evencio Nicolás Martínez y Daniel Camarena, también se encuentra comandantes y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), entre ellos Juan José Ramírez, exregional de la mixteca; Abel Morales, exregional de la Costa y actualmente regional de la Mixteca, así como otros 4 elementos de la corporación, quienes serían detenidos.
Todos los detenidos fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo policíaco a las instalaciones de la Comisaría de Prisión Preventiva de Jalisco. No obstante, hasta las 00:00 de este viernes, no se confirmaba la detención del exprocurador Evencio Nicolás Martínez.
Cabe mencionar que los miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecieron en el contexto del movimiento social-magisterial del 2006.
En las investigaciones que autoridades estatales, federales e internacionales siguen respecto a estas desapariciones, también se señala a exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, a quien se la atribuye haber generado las condiciones necesarias para la operación de grupos armados ilegales, los cuales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura, además de encubrir el uso excesivo de la fuerza cometido por sus subordinados contra civiles durante la protesta magisterial.
