Redacción El Piñero | Corresponsalía
Oaxaca, Oax.- Organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos denunciaron que 6 comunidades pertenecientes a las regiones de la Costa e Istmo son víctimas del despojo de su territorio; mientras que los defensores de la tierra son asesinados, lesionados, encarcelados, desaparecidos y se les fábrica órdenes de aprehensión, exigen inmediata intervención del Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
La finalidad de los despojos de la tierra es construir complejos turísticos privados, hoteles, restaurantes, entre otros, que generen grandes ganancias económicas a particulares, principalmente de origen extranjero. Esto ha generado riesgo en defensores del medio ambiente y el territorio en estás comunidades indígenas y afromexicanas, que cuidan sus playas, manglares y territorio ancestral.
Las seis comunidades indígenas en riesgo son Barra de la Cruz, en el municipio de Santiago Astata; Zapotengo y Tahueca, en el Municipio de Pochutla; Tilzapote y San Francisco Cozoaltepec, en el municipio de Santa María Tonameca; y Laguna de Manialtepec, en la ciudad de Puerto Escondido.
Las organizaciones, Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (BARCA A.C.) y Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.), exigen al gobierno de López Obrador cumpla con el acuerdo ESCAZÙ, firmado y ratificado por el Estado Mexicano el 27 de septiembre de 2018 y ratificado el 5 de noviembre de 2020; en su artículo 9º refiere “cada parte garantizara un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas restricciones e inseguridad”.
En este sentido, la sociedad civil exige al Gobierno Federal y Estatal proteja el medio ambiente y el territorio de las comunidades indígenas y afromexicanas en las regiones Costa e Istmo; que el Gobierno Mexicano respete los acuerdos de ESCAZÙ para proteger a los defensores del territorio y el medio ambiente.
Por defender su tierra, desaparecen a 10 comuneros de Zapoteco 12 años han pasado desde la desaparición de 10 comuneros en el Estado de Tamaulipas, originarios de la Agencia de Zapotengo del Municipio de Pochutla, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) dicto Medida Cautelar en el año de 2010; recientemente se presentan hechos que se presume tiene que ver con su desaparición.
Actualmente existe una investigación coordinada entre la Fiscalía de Oaxaca y la Fiscalía de Tamaulipas, cuando desaparecieron estaba por resolverse la posesión de terrenos comunales reclamados por el Sr. Juan Carlos Obregón Espinoza y que los habitante son
testigos que ya no cuenta con terrenos en la comunidad.
De manera turbulenta, en el año 2019, apareció un acta de Asamblea firmada en el año 2011 por el interno de Bienes Comunales de Zapotengo, Isaac Espino, donde se le reconocen terrenos al Sr. Juan Carlos Obregón, pero dicho cuerdo presuntamente autorizado por la Asamblea no fue firmado por la Agente Municipal Norma Zuñiga Ortiz, ni por el interno del representante de Bienes Comunales de Zapotengo, Isaac Espino.
Carlos Obregón aseguró a los comuneros que los terrenos están vendidos y cedidos para la construcción de cabañas, hotel y explotación de un pozo profundo para el servicio privado, lo que avivó más el conflicto, aunado a esto Juan Carlos vendió un terreno a una persona de nacionalidad Francesa, que a través de redes sociales difama a los habitantes acusando qué son de una célula de crimen organizado.
Estas acciones de Carlos Obregón ponen en riesgo la vida e integridad física de Señoras Marisol Ramos y Celerina Santos, defensoras del medio ambiente y beneficiarias indirectas de la Medida Cautelar 262-11 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las dos mujeres aseguran que en los ataques en redes sociales han salido datos que se desconocían de la desaparición de sus esposos.
Exigen a las autoridades municipales, estatales y federales cumplir con lo solicitado en la Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que los ataques se han intensificado a partir de que han solicitado la intervención de las autoridades, como es la Dirección General de la Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Costeros, Profepa y Semarnat, para que revisen exhaustivamente lo que está aconteciendo en la comunidad de Zapotengo.
Balean a defensor de la tierra en Barra de la Cruz
La agencia municipal de Barra de la Cruz, pertenece al municipio de Santiago Astata, pueblo indígena chontal con grado de marginación media, cuenta con mil 300 habitantes, según datos del INEGI.
En el año 2013, un grupo de personas intentó apoderarse de varios terrenos a orilla de la playa en una extensión aproximada de 24 hectáreas, estaban financiadas por persona externas de grupos de poder económico y político de la región de la Costa, con el objeto de lotificar y vender a empresarios hoteleros.
El día 8 de septiembre del 2021, aproximadamente a las 12:30 horas, el defensor de la tierra, José Castillo Castro de 50 años de edad, viajaba en compañía de su familia y dos personas más, a bordo de un vehículo Tsuru, en la población de Ayuta, San Pedro Huamelula, 2 personas que viajaban a bordo de una motocicleta le dispararon, actualmente se encuentra hospitalizado de gravedad.
Al respecto se inició la carpeta de investigación 29641/FIST/SALINAS/2021 en contra de quien o quienes resulten responsables, hasta el momento no hay detenidos. José Castillo Castro está al frente de la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales en la región del Istmo de Tehuantepec.
En Barra de la Cruz ha mantenido una lucha jurídica durante varios años para impedir que grupos de poder impongan a los comisariados de bienes comunales, como es el caso de Marcelino Sánchez García e Inocente Barras Robles.
El defensor de la tierra y el territorio se ha opuesto al despojo y ventas de las tierras de Barra de la Cruz y ha defendido los recursos naturales así como la flora y fauna del lugar, todo indica que estas acciones en pro de la comunidad desembocaron en el ataque armado.
