A dos años de haber iniciado la denominada “Primavera oaxaqueña”, el gobierno encabezado por Salomón Jara Cruz enfrenta críticas crecientes por temas pendientes que afectan al estado de Oaxaca. Bajo la sombra de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, el actual gobernador llegó al poder con promesas de cambio, pero la realidad parece haber tomado un rumbo distinto.
Desde su inicio, su administración fue señalada por la composición del gabinete, acusado de ser resultado de acuerdos políticos y cuotas de poder. Figuras como Donato Vargas, Genaro Hernández, Nezahualcóyotl Salvatierra y Juanita Cruz fueron designadas en puestos clave, generando cuestionamientos sobre su idoneidad y los compromisos detrás de estos nombramientos.
Los mega proyectos, como el Corredor Interoceánico, los parques industriales y la reactivación minera, han sido presentados como el motor del desarrollo económico. Sin embargo, organizaciones y expertos alertan sobre sus efectos negativos: la explotación de los recursos naturales y el incremento de la precarización laboral, mientras que la burguesía y capitales internacionales se benefician con exenciones fiscales.
Además, Oaxaca sigue siendo uno de los estados con mayor inflación, alcanzando el 6.1% según el INEGI. Esto ha disparado los precios de productos básicos y servicios, sumado a un incremento en las tarifas de transporte público aprobado sin consulta popular.
Inseguridad y violencia: una constante creciente
El incremento de la violencia marca otro desafío significativo. Según la organización EDUCA, desde el inicio de la administración de Jara, 58 defensores de derechos humanos han sido asesinados. Casos recientes, como los homicidios de militantes del MULT y desapariciones como la de Sandra Domínguez, evidencian una crisis de seguridad en la que los esfuerzos del ejército y la Guardia Nacional se han enfocado más en proteger los intereses de los mega proyectos que en garantizar la seguridad de la población.
Contradicciones y descontento social
Las promesas de cambio social han dado paso a un clima de desilusión. El gobierno ha sido señalado por reprimir voces críticas y cooptar a organizaciones sociales, mientras otorga cargos públicos a antiguos funcionarios cuestionados. Esto genera tensiones entre el discurso populista que llevó a Jara al poder y la realidad de las acciones de su administración.
De no redireccionar su estrategia, el descontento social podría intensificarse, advirtiendo un posible resurgimiento de movilizaciones populares como respuesta a la falta de justicia, el aumento de la violencia y la carencia de políticas públicas efectivas.
A dos años de gestión, el llamado es claro: el gobierno de Salomón Jara enfrenta la urgente necesidad de replantear sus prioridades y atender las demandas de un pueblo que, históricamente, ha sabido organizarse y luchar por sus derechos
