Luis Velázquez
Uno. Yunes, el abonero
Américo Zúñiga Martínez, el alcalde de Xalapa, sigue resonando los tambores de guerra. Incluso, y cuando ha sido perfilado a la presidencia del CDE del PRI, envía un mensaje derecho, derechito, a la yunicidad. Y le dice que los adeudos del año anterior (heredados, una parte, por Javier Duarte, el preso de Guatemala) afectan más y más el desarrollo de los municipios de Veracruz. El, Américo, dirigente nacional de presidentes municipales. El, edil que marchara en la Ciudad de México reclamando a la secretaría de Hacienda el pago de pendientes. El, que cohabita con el góber azul, pero al mismo tiempo, exige lo que de acuerdo con la ley y la justicia, le (y les) corresponde.
En el último trimestre del 2016 (dos meses de Javier Duarte y Flavino Ríos Alvarado y de Miguel Ángel Yunes Linares) otra vez el atraso en los pagos que tanto, tanto, tanto caracterizara al duartazgo y que llevara al hartazgo, de tal forma que en el último tramo del sexenio anterior decenas de ediles del PRD y del PAN, por un lado, y del PRI, por el otro, tomaron el palacio de Xalapa y se fueron a la calle para reclamar el pendiente.
Duarte ya se fue y terminó preso en Guatemala. El bienio azul está cumpliendo siete meses de travesía institucional, y los alcaldes, a punto de terminar el mandato constitucional, continúan esperando el pago de diversos fondos, entre ellos, el Metropolitano.
En el caso de Xalapa, por ejemplo, todavía les deben más de 250 millones de pesos, aun cuando, claro, les han cubierto 135 millones, y con todo y expresar, digamos, la voluntad política de actualizarse, de cualquier forma, siguen arrastrando el déficit.
Peor, sin embargo, ha ido a la Universidad Veracruzana, a la que el gobierno de Veracruz debe unos dos mil 600 millones de pesos del subsidio federal y estatal que fue retenido, con todo y que, se entendería, del mes de diciembre 2016 a la fecha, los han entregado a la máxima casa de estudios.
Y más porque la titular de Finanzas y Planeación, Clementina “Tula” Guerrero, fue secretaria de Administración de la rectora, Sara Ladrón de Guevara, lista para repetir otros cuatro años con la elección que se dará en el mes de agosto del año que corre.
Al momento se ha ido un cuarto de tiempo del bienio azul y, caray, nadie quisiera pensar que de nuevo los alcaldes tendrán razones de peso para levantarse en protesta, con el riesgo de ser apaleados.
Ninguno, claro, tomaría el palacio de Xalapa como fue el año anterior ante Duarte, pues todos apuestan a la civilidad, con Américo Zúñiga a la cabeza.
Hasta donde se sabe si bien se sabe, cada quincena la titular de SEFIPLAN y el subsecretario de Egresos se truenan los dedos para pagar la nómina, y que por milagro, digamos, han cubierto, incluido el sueldo a los cientos, miles quizá, de los llamados “aviadores”, que tanto fueron satanizados en tiempo y forma.
En contraparte, estarían apretando las tuercas a los Ayuntamientos, y lo que significa una errónea actitud política, porque todos, sin excepción, están reduciendo servicios, y lo peor, la calidad de los servicios restantes.
Dos. Alcaldes enervados
Américo Zúñiga hace una autopsia administrativa de lo que está sucediendo en el resto de los Ayuntamientos:
A: un montón de peticiones de presidentes municipales están llegando a la LXIV Legislatura para merecer la autorización de pagar con recursos oficiales de este año los fondos del año pasado.
B: el permiso para cubrir con tales fondos las obras ejecutadas y no pagadas, y las que iniciaron, y la que fueron interrumpidas y aquellas “que no pudieron iniciarse”.
C: el permiso para endrogarse, con todo y que el periodo constitucional terminará en un semestre, pues, ni modo, andan tan estrangulados que sólo con empréstitos podrían, digamos, salir adelante.
D: de lo contrario, el Congreso local queda notificado que el gasto público ha sido y se está restringiendo en muchas áreas, a pesar de que, incluso, y con justa razón, la población esté irritada.
E: los adeudos han afectado a los ediles de forma terrible en la relación con los gobernados.
F: muchos proyectos, incluso que estaban en marcha, ni modo, fueron interrumpidos, generando el malestar social.
Así a la yunicidad sólo ha quedado repetir la misma cantaleta, por todos conocida, de que el único culpable del estado que guarda la administración pública de norte a sur y de este a oeste de Veracruz se llama Javier Duarte, por ordeñar el erario hasta la última gota.
Pero, bueno, de entonces a la fecha han transcurrido casi siete meses y resulta inverosímil seguir inculpando a Duarte de todos los males.
Lo peor del asunto es que a un semestre de entregar los Ayuntamientos…
Y existiendo ya alcaldes electos…
Y con el peso encima de la rendición de cuentas…
Y con el legítimo reclamo de que las haciendas municipales queden, además de saneadas, con fondos para el alcalde sucesor, los alcaldes en funciones están solicitando créditos al Congreso para, digamos, y entre otras cositas, pagar salarios y prestaciones.
Una vez más, el llamado municipio libre, autónomo y soberano en la utopía y el fracaso social.
En el caso de Xalapa, los adeudos pendiente son, entre otros, el correspondiente del FISM de agosto, septiembre y octubre de 2016 con 32 millones 862 mil 464.76 pesos.
Del PRODERE 2016, nueve millones 863 mil 652.00 pesos.
Del FORTAFIN 3 millones 97 mil 799.60 pesos.
Del Fondo de Hidrocarburos, 49 millones 290 mil 76 pesos.
Del Impuesto Sobre la Renta Participable de CMAS 15 millones 18 mil 315 pesos.
De remanentes de bursatilización 9 millones 595 mil 869.61 pesos.
Y del convenio SECTURCYC, 6 millones 168 mil 557.91 pesos.
Tres. El rastro del dinero público
Durante muchos meses y años, Javier Duarte, el preso de Guatemala, se pasó “tomando el pelo” a los alcaldes con vueltas y más vueltas para el pago de pendientes oficiales, entre ellos, el subsidio federal para servicios y obra pública.
Ene número de veces fue denunciada la llamada “Operación licuadora” que consistía en desviar el recurso público a otros programas, a otras regiones, al jineteo bursátil y/o a otros bolsillos.
Varias ocasiones trascendió el negocito ilícito de las empresas fantasmas, por ejemplo, desde que el portal digital “Animal político” las publicara en el año 2016.
Repetidos momentos la Auditoría Superior de la Federación, desde el año 2014, denunció el desvío de fondos federales en la Procuraduría General de la República, además de notificarlo a la secretaría de Hacienda y Crédito público (Luis Videgaray Caso).
Y no obstante que el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, la Comisión de Vigilancia de la anterior Legislatura, y la Contraloría y la secretaría de Finanzas y Planeación, etcétera, conocían de los trastupijes, nunca, jamás, la cloaca fue destapada y se procedió de acuerdo con la ley.
Hace casi siete meses, la yunicidad asumió el mando estatal y los alcaldes siguen esperando el pago de sus pendientes correspondientes a los dos últimos años de 2016.
Y con todo y que el bienio azul sigue inculpando al duartazgo del estado que guarda el erario, nadie quisiera pensar, como aconteciera en el sexenio anterior, que de por medio hay cosas raras y extrañas en que el destino del dinero público se estaría yendo (digamos, sólo digamos) por carriles nauseabundos.
Y es que, además, ningún partido ni político opositor a la alianza PAN y PRD ha seguido el rastro al dinero público en los últimos siete meses bajo el reality-show de que las arcas fueron dejados en el peor cochinero del mundo.
