Jaime GUERRERO
La dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reciente reforma a la Ley de Revocación de Mandato, aprobada por la LXVI Legislatura del Congreso local a finales de septiembre.
En un reciente episodio de tensión política entre Morena y el PT, el gobernador Salomón Jara Cruz respondió a las acciones del delegado del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya, quien anunció su intención de presentar una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el proceso de revocación de mandato en el estado.
Jara Cruz reconoció el derecho de Robles Montoya a interponer el recurso, pero cuestionó sus motivos, sugiriendo que podrían estar relacionados con “protagonismo” o un “capricho”.
En sus declaraciones, el gobernador afirmó: “Yo respeto su decisión, pero no sé si sea un capricho, quién sabe qué sea, pero es estar solamente en contra de todo por siempre, por los siglos de los siglos”.
Aún cuando dijo desconocer las razones detrás de la postura de Robles Montoya, señaló: “No sé si es protagonismo, él sabrá el motivo, pero la gente, el pueblo, no es tonto, tonto es el que cree que el pueblo es tonto”.
Jara Cruz subrayó que su administración será congruente con su determinación de seguir adelante con el proceso, asegurando que la ciudadanía tendrá la última palabra.
Por su parte, el consejero jurídico del gobierno estatal, Giovany Vázquez Sagrero, explicó que existen plazos establecidos para presentar un recurso de inconstitucionalidad y que esperarán a ser emplazados por la SCJN para conocer los términos del proceso.
Vázquez Sagrero defendió las reformas a la Ley de Revocación de Mandato y a la Constitución local, afirmando que, a su juicio, no contravienen el orden constitucional, sino que lo refuerzan. “Con la reforma, estamos dentro de los plazos”, aseguró.
El consejero también detalló que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) está avanzando en la organización del proceso, en coordinación con diversas áreas de gobierno, incluyendo seguridad, gobernabilidad y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Vázquez Sagrero, reiteró que entre el 1 y el 10 de octubre, el órgano electoral local tiene el mandato de sesionar, aprobar formatos y emitir lineamientos. Hasta el 7 de octubre, se reporta que han estado en diálogo para cumplir con estas responsabilidades.
Desde la reforma electoral de 2014, el INE asumió el control de aspectos clave como las listas nominales, la impresión de estas y la ubicación de casillas, lo que refuerza la transparencia del proceso.
Vázquez Sagrero enfatizó que, de presentarse algún medio de control constitucional, el gobierno estatal informará con total transparencia.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la dirigencia petista, a petición de el Delegado del PT en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, principal opositor a Jara cruz.
Esta modificación, aprobada por el Congreso de Oaxaca e impulsada el gobernador Salomón Jara Cruz, busca agilizar el proceso de consulta ciudadana para decidir sobre la continuidad del mandatario a mitad de su sexenio, acortando los plazos de organización de 90 a 30 días y facilitando la recolección de firmas equivalentes al 10% del padrón electoral en 286 municipios.
La reforma, impulsada por la bancada de Morena y aliados como PRI y PVEM, establece que la solicitud de revocación podrá presentarse tras el tercer año de gobierno de Jara, con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) emitiendo formatos y lineamientos entre octubre y noviembre para la recolección de apoyos.
El gobernador celebró la medida como un avance en la democracia participativa, afirmando que fortalece el principio de “el pueblo pone y el pueblo quita”, alineado con la reforma constitucional federal en la materia.
Sin embargo, el delgado del PT, Benjamín Robles Montoya, exdiputado federal y figura opositora al actual gobierno, argumenta que las modificaciones violan la Constitución local y principios de estabilidad política, al reducir requisitos y plazos de manera que podría desestabilizar el mandato.
Para el PT la impugnación busca revertir cambios que, según el partido, facilitan una “revocación exprés” sin garantías suficientes, en un contexto de creciente descontento social por temas como nepotismo y violencia en el estado.
Mientras tanto, el proceso de revocación avanza, con llamados a la ciudadanía para participar en lo que podría ser un hito democrático o un punto de quiebre político en la entidad. La resolución judicial se espera en las próximas semanas, en medio de señalamientos cruzados entre la administración de Jara Cruz y la oposición en la figura del PT.
