POR Jenaro Villamil
Sin la presencia de organizaciones de derechos humanos o de sectores críticos a la creciente militarización de la seguridad pública del país, en el Senado se realizó un foro para impulsar una nueva ley de seguridad interior con la presencia del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, quien “aplaudió” la existencia de cuatro iniciativas en esta materia.
“Existe una gran coincidencia en cuáles son los procedimientos para la declaratoria de afectación de la seguridad interior” y también “hay coincidencias en la regulación de las fuerzas armadas en el ejercicio de esta función de seguridad interior”, destacó Castillejos, quien participó en el foro, aún cuando no era legislador.
Castillejos argumentó que en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución se establece como facultad exclusiva del Presidente de la República disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad interior, pero que desde 1917 no se ha reglamentado esta función.
El senador Manuel Bartlett, quien quiso participar en el foro, fue callado por el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero. El evento era “sólo para presentar iniciativas”, argumentó el senador del Partido Verde.
“Están hablando sólo de las ventajas de quienes han presentado las iniciativas favorables a la militarización del país”, argumentó Bartlett, coordinador del PT, quien se retiró del recinto.
Entre quienes argumentaron a favor de una ley de seguridad interior estuvieron los senadores Roberto Gil Zuarth, del PAN, Miguel Barbosa, del PRD, quien anunció que presentará su iniciativa a título personal en la Comisión Permanente, así como el coordinador priista de la Cámara de Diputados, César Camacho, quien presentó una iniciativa junto con la legisladora Martha Tamayo.
El doctor en Derecho, Jorge Islas, también participó para abundar sobre la necesidad de una ley de este tipo señalando que “no se requiere de una declaratoria de suspensión de garantías” para formalizar la militarización de la seguridad interior. Puso como ejemplos el Acta Patriótica, de Estados Unidos y el reciente decreto del 10 de enero de 2017 en Francia, donde se vive bajo la figura de un estado de excepción. En ambos casos, se trata de medidas para combatir el terrorismo.
Se duplicó la presencia militar
Durante su exposición, el senador Gil Zuarth aportó varios datos para argumentar la necesidad de regular la actividad militar en funciones policiacas: en los últimos cuatro años, de 2012 a 2016, se pasó de 75 bases militares mixtas de seguridad pública con 1,680 efectivos castrenses a 142 bases militares mixtas con 3,386 elementos militares.
“En cuatro años prácticamente se ha duplicado el despliegue militar permanente y se generó un incentivo perverso” para que los gobiernos municipales y estatales no inviertan en policías.
Tan sólo en las entidades de Guerrero y el Estado de México se encuentran el 36 por ciento de todas las bases militares mixtas, sustituyendo las tareas fundamentales del orden civil.
“La participación de las Fuerzas Armadas no es nueva ni contraria a la Constitución, pero ciertamente se ha sustentado en una muy delgada línea y muy fina línea jurídica”, afirmó Gil Zuarth, ex funcionario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón.
Gil Zuarth coincidió con Miguel Barbosa en que la participación de los militares debe ser “temporal” y debe durar 6 meses, el plazo necesario para ser sustituidos por nuevos elementos policiacos.
Actualmente, abundó Gil Zuarth, existen 48 mil elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería. Para sustituir a los militares se requieren 20 mil policías más, es decir, para tener un total de 68 mil policías.
Ahora “no se pueden ir los militares porque no hay nadie que los sustituya”.
“Lo deseable es que el Estado pueda estabilizar una determinada situación que pone en riesgo la seguridad interior sin necesidad de declarar el estado de emergencia”, sentenció el legislador panista.
Gil Zuarth afirmó que una ley de seguridad interior “no pretende militarizar el país” sino todo lo contrario. “Lo que queremos es ponerle fin al perverso incentivo que está generando la participación de las Fuerzas Armadas en términos de evasión o elusión de la responsabilidad local”.
“Carácter excepción y temporal”
Por su parte, el senador Miguel Barbosa, quien hoy hizo circular su iniciativa en esta materia (para sumar un total de 4 entre dos de la Cámara de Diputados y dos del Senado), afirmó que se debe establecer el regreso a los cuarteles de las Fuerzas Armadas, debe tener “una actuación claramente excepcional” y que exista “un control parlamentario”.
“Bajo ninguna circunstancia pueden ser consideradas como amenazas a la seguridad interior las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales”, afirmó Barbosa.
El coordinador de los diputados federales del PRI, César Camacho, insistió en que una ley de seguridad interior “en modo alguno es una vertiente de un estado de excepción, sino de las necesidades de que situaciones delicadas tengan un tratamiento jurídico ad hoc”.
Después del evento realizado al mediodía, un comunicado del Senado expresó que esta cámara fungirá como “cámara revisora” del dictamen de la ley de seguridad interior.
Al término de una reunión privada, la diputada federal Martha Sofía Tamayo adelantó que el próximo martes en San Lázaro se realizará un encuentro entre senadores, diputados y representantes de la academia para analizar las propuestas presentadas. Posteriormente, se realizará otra reunión en el Senado para analizar el marco en materia de derechos humanos, la regulación de seguridad de otros países y los tratados que existen en la materia.
Finalmente, se llevará a cabo en la Cámara de Diputados una reunión con el ejército, para expresar sus opiniones sobre la elaboración del dictamen, “ya que ellos son los principales involucrados, de manera directa, y quienes han pedido la regulación”.
con información de homozapping.com.mx