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Administraciones de Cué y Murat mantienen $4,437 mdp sin solventar; gobierno actual sanciona a 17 por corrupción

Monika

Jaime GUERRERO

Dos administraciones pasadas del gobierno de Oaxaca mantienen sin solventar un total de $4,437 millones de pesos en observaciones de auditorías, mientras que la gestión actual ha impuesto sanciones a 17 personas por actos de corrupción, reveló  la secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.

La funcionaria expuso estos datos en su glosa del tercer informe de gobierno del gobernador Salomón Jara Cruz, ante las y los integrantes de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso.

Durante su presentación, Reyes López presentó un análisis comparativo del rezago de administraciones anteriores como las acciones punitivas emprendidas en el actual gobierno, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

De los Montos observados y pendientes por solventas en Administración de Gabino Cué:

Monto originalmente observado: $2,909 millones de pesos, de los cuales tiene Pendiente por solventar: $1,103 millones de pesos (9 años después de concluir su mandato).

Administración de Alejandro Murat, el Monto observado: $4,980 millones de pesos y el Pendiente por solventar es de 3,334 millones de pesos (3 años después de concluir su mandato).

Para la Administración de Salomón Jara Cruz el Monto originalmente observado en 2 años: $915 millones de pesos y cuyo Pendiente por solventar: $385 millones de pesos (en proceso de solventación)

La secretaria destacó que en la revisión de la Cuenta Pública 2024 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se fiscalizó un monto de $106,212 millones de pesos con una muestra auditada del 96.15%, resultando un monto observado de apenas $122 millones de pesos, lo que representa solo el 0.12% del monto revisado.

“De cada 100 pesos que gasta este gobierno, solo doce centavos fueron objeto de observaciones”, presumió Reyes López.

En materia de responsabilidades administrativas, la secretaria informó 316 procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados (incremento del 127% respecto a 2024).

236 resoluciones dictadas (16% más que en 2024) y 604 expedientes de responsabilidad administrativa concluidos. 344 audiencias iniciales realizadas

Respecto a las Sanciones impuestas enlistó:

                ∙              211 sanciones totales, distribuidas en:

                ∙              128 amonestaciones privadas

                ∙              63 amonestaciones públicas

                ∙              13 suspensiones del empleo

                ∙              7 inhabilitaciones

Sanciones por faltas graves:

El Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción sancionó a 16 ex servidores públicos y 1 contratista por faltas administrativas graves, imponiéndoles 147 años acumulados de inhabilitación para ejercer cargos públicos o contratar con el gobierno.

Las Sanciones económicas son de orden de $44.8 millones de pesos que deberán reintegrarse.

Reyes López informó que durante 2025 se presentaron 21 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra ex servidores públicos derivadas de auditorías.

8 denuncias relacionadas con procedimientos licitatorios.

Entre 2023 y 2025, la Secretaría ha presentado un total de 118 denuncias, 32 por entrega-recepción, 75 por auditoría, 9 contra contratistas por actos de corrupción y 2 relacionadas con adeudos al ISSSTE y la entrega del Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

La funcionaria destacó como “un acto histórico y sin precedentes” la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que dejó sin efecto la declaratoria legal de constitución de un sindicato que operaba al margen de la ley, “reafirmando que la lucha contra la corrupción se ejerce en todos los niveles de gobierno y sin excepciones”.

La secretaria concluyó su intervención presumiendo que el equipo de la Secretaría de Honestidad ha realizado “lo que nunca se había hecho” en materia de transparencia, fiscalización y combate a la corrupción, respaldando el proyecto de la “Primavera Oaxaqueña” impulsado por el gobernador Salomón Jara Cruz.

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