JaimeGUERRERO
El presidente municipal de Tequila, Diego Rivera, habría encabezado una red de extorsión que cobraba entre 6 y 7 millones de pesos mensuales a empresas tequileras y gasolineras de este municipio jalisciense, de acuerdo con la orden de aprehensión librada en su contra en la causa penal 39/2026.
Según el expediente, el edil morenista utilizaba a la Policía Municipal y a un grupo de extranjeros, entre ellos colombianos, para someter y cobrar estas rentas ilegales, presuntamente con el respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La investigación detalla que el esquema de extorsión operaba con montos diferenciados según el tipo de negocio.
Los comerciantes de la zona centro pagaban entre 500 y 1,500 pesos semanales de derecho de piso, dependiendo del giro.
Los vendedores de artesanías debían pagar 50 mil pesos para evitar clausura, más una “renta” mensual de 20 mil pesos.
A los dueños de vinaterías les exigían 150 mil pesos para evitar el cierre de sus establecimientos, mientras que las empresas tequileras y gasolineras eran las más afectadas, con cobros mensuales millonarios.
Tres regidoras del ayuntamiento ofrecieron testimonios ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el 3 de octubre pasado, exponiendo el modus operandi de la presunta red criminal. “Diego y su Administración operan extorsionando a los empresarios y pequeños comercios mediante un sistema de multas ilegales y cierre de negocios.
Los amenazan con los nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación y les llegan personas armadas de ese grupo si no acceden a pagar”, declaró la regidora Luz Elena Aguirre Sandoval.
Aguirre añadió que por oponerse a estas prácticas ha sido víctima de amenazas, llamadas intimidatorias y clausuras de sus negocios.
Otra regidora, identificada con las iniciales ARC, detalló casos específicos al señalar que el presidente municipal reparte el dinero de las extorsiones millonarias de los empresarios tequileros al Cártel Jalisco y a cambio el cártel le permite enriquecerse.
Esta misma funcionaria mencionó que cobran a los locatarios y pequeños comerciantes, así como sumas millonarias a empresas como José Cuervo, la fábrica La Cofradía, la fábrica Lieros y La Rienda. Según su testimonio, el ingeniero Carlos Hernández, dueño de La Cofradía, fue víctima de extorsión por aproximadamente 6 millones de pesos y le cerraron la fábrica.
La gasolinera Tequila, propiedad de Óscar Muñoz, habría sido extorsionada por 7 millones de pesos, cantidad que habría pagado debido a las pérdidas económicas que estaba teniendo.
La investigación de la Fiscalía General de la República identifica a los principales operadores del sistema. Juan Manuel Pérez Sosa, secretario de Seguridad Pública municipal, era según las regidoras el enlace directo con el CJNG y jefe del brazo armado.
La FGR estableció que mantiene una “relación estructural” con Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, ex jefe de la Policía de Ameca y coordinador de jefes de la policía de la región de Valles en 2022.
En junio de ese año, Flores fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como cómplice del CJNG, al que proveía de información a cambio de sobornos.
También aparece Diego López Ibarra, jefe de Gabinete, señalado como encargado de la logística y organización del cobro de extorsiones y secuestros.
Francisco Javier Rivera Gutiérrez, apodado “El Faraón” y jefe del Padrón de Licencias, era responsable de facilitar suspensiones y clausuras.
La regidora Evelin Sarahí Castañeda Chávez declaró ante la SSPC que Diego Rivera tiene un gabinete que opera las extorsiones, cobro de piso, levantones y todo lo que él ordena para sacar dinero ilícito.
Castañeda mencionó que Rivera Gutiérrez es cuñado de José Gutiérrez Guzmán, razón por la cual tienen en la nómina a su familia o al menos trabajan ahí cobrando y recabando cobro de piso en puestos, mercados y con comerciantes.
La indagatoria también ubica al tesorero municipal Julio César Limón Trigueros como encargado de recoger y administrar el dinero en efectivo de las extorsiones y secuestros, además de ser responsable de alterar montos y facturas del ayuntamiento.
En la estructura delictiva la FGR también señala a Raquel Núñez Bugarin, esposa del alcalde, y a un escolta de Rivera apodado “El Jona”, quien se encargaría del movimiento de dinero en efectivo y encargos personales.
Las regidoras denunciaron además que en el ayuntamiento existe una nómina de personal extranjero, incluidos colombianos y personas de Michoacán, presuntamente vinculados al cártel.
Una regidora identificada con iniciales ARC declaró que en presidencia hay gente extranjera, colombianos, gente de Michoacán y personas de procedencia desconocida, pero que se sabe son del cártel.
La funcionaria fue enfática al señalar que Diego Rivera anda armado incluso antes de ser presidente municipal y que trabajaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según esta regidora, el director de Seguridad Pública le trabaja al cártel y es el enlace con las células de municipales, quien amedrenta, calla y levanta a las personas que ordena el cártel o Diego Navarro.
La orden de aprehensión en la causa penal 39/2026 documenta estos señalamientos como parte de un esquema sistemático de extorsión que habría convertido al gobierno municipal de Tequila en un brazo operativo del crimen organizado.
