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Aprueban en Comisión, reforma constitucional para suspender derechos ciudadanos a violentadores y deudores alimentarios,

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Jaime GUERRERO | El Piñero

La Comisión de Puntos Constitucionales, aprobó el dictamen que reforma los artículos 38 y 120 de la Constitución para establecer la suspensión de los derechos ciudadanos a violentadores y deudores alimentarios.

“De las muchísimas iniciativas de igualdad sustantiva que han promovido las legisladoras, cuando menos en dos aspectos se pusieron de acuerdo los grupos parlamentarios, de ahí salió una reforma al artículo 38 y 102, la importante del 38, porque se suspenden los derechos ciudadanos para ocupar cargos públicos a violentadores, homicidas y quién no pagan alimentos a sus hijos o padres”, destacó el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de esa comisión.

La reforma, que aún debe ser avalada por el Pleno cameral, tiene muchas aristas y repercusiones jurídicas, “más o menos, unos u otros grupos cedieron hasta llegar a una redacción que contentó a todos”, misma que quedó en una reserva al dictamen que fue avalado por la mayoría, expuso.

Por su parte, la diputada por Chihuahua, Lilia Aguilar Gil (PT), promovente de la iniciativa, resaltó que su propósito consiste en otorgar garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra mujeres en razón de género, por lo que, bajo ese criterio, los derechos de aspirantes a una candidatura se suspenderán si han sido condenados o sancionados por conductas de violencia familiar y/o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o como persona deudora alimentaria morosa.

“Elevar a rango constitucional la medida ‘3 de 3 contra la violencia’ representa un avance significativo en la lucha por erradicar las agresiones contra las mujeres; es un progreso para la sociedad, en general, ya que ayudará no solamente a las mujeres de este país y sus hijos, nos ayuda a todos”, sostuvo en un comunicado.

 La congresista señaló que este mecanismo, resultado de una petición firmada por legisladoras federales, locales, organizaciones feministas, activistas de derechos humanos, ciudadanas, reconoce no solamente la violencia contra la vida y derechos fundamentales en todos los ámbitos, sino que sus generadores, hombres y mujeres, finalmente tendrán que incluirse en la sociedad de una manera más amable.

“Es crucial que agresores, hombres y mujeres, no lleguen a puestos de representación y estén en la toma de decisiones con esa concepción del mundo violento y que pasa por encima de las personas. Cerrarles la puerta, insisto, es un paso fundamental para la evolución de la sociedad mexicana”, finalizó.

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