Redacción El Piñero
Ensenada, Baja California. — Minerva Pérez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California, fue asesinada a tiros la noche del lunes. Pérez había denunciado públicamente la extorsión por parte de cárteles de la droga y la pesca ilegal en la región. La fiscal estatal, María Elena Andrade, informó que Pérez murió en una agresión directa en la ciudad portuaria de Ensenada.
Horas antes de su asesinato, Pérez había declarado a medios locales sobre los problemas que enfrenta la industria pesquera legal debido a la competencia desleal de la pesca ilegal. “La pesca ilegal llega al mismo mercado al que llega el producto legal, pero sin todos los costos de producción relacionados con una empresa legalmente constituida”, expresó Pérez.
En meses anteriores, Pérez también había señalado que los cárteles de la droga extorsionaban a barcos pesqueros, distribuidores y restaurantes, y lamentó la falta de acción por parte de las autoridades. “El sector pesquero, al no ver ninguna protección o ninguna opción al hacer denuncias a la autoridad, ha preferido autoprotegerse o en algunos casos, con la pena, han tenido que pactar por la seguridad de ellos mismos y de sus familias”, declaró en febrero.
La fiscal Andrade aseguró que se está investigando si el asesinato está relacionado con las actividades pesqueras y señaló que la Fiscalía no había recibido denuncias de extorsión en el sector.
Vanda Felbab-Brown, investigadora del Instituto Brookings, comentó que este caso resalta la indiferencia del gobierno ante las advertencias sobre la implicación de los cárteles en la industria pesquera. “Uno esperaría que la horrenda muerte de Minerva Pérez estimule finalmente al gobierno de México a actuar”, afirmó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido su política de “abrazos, no balas” para evitar confrontaciones directas con los cárteles, prefiriendo programas sociales para los jóvenes. Sin embargo, las estadísticas de homicidios siguen siendo alarmantes, con 2,673 asesinatos reportados en junio, casi tantos como en noviembre de 2018.
Según el diario Zeta, Pérez había denunciado que “el crimen organizado cobra un dólar por kilo de almeja, 10 pesos por kilo de merluza y de 3,000 a 5,000 dólares por un camión de almeja generosa del Pacífico”. Los cárteles han extendido sus actividades a la extorsión en diversas industrias, incluyendo la pesca y la producción de aguacate, exigiendo pagos a cambio de protección.
Una empleada de una empresa pesquera en Ensenada, que prefirió permanecer anónima, corroboró que las extorsiones son de conocimiento común en la industria, afectando tanto a pequeños pescadores como a grandes empresas.
