Jaime GUERRERO
La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFE) presentó los resultados finales del Programa Anual de Auditorías 2025, en el que se fiscalizó a dependencias de la administración pública centralizada, órganos autónomos y organismos públicos descentralizados, con un universo de recursos superior a los 16 mil millones de pesos del la cuenta pública 2024.
El total de la muestra auditada correspondiente a las dependencias y entidades asciende a 655 millones 110 mil 879.09 pesos.
El informe de la cuenta pública 2024, del sexenio de Salomon Jara Cruz, presentado por el organismo fiscalizador a la comisión de vigilancia de la auditoría superior del congreso del Estado, será aprobado en sesión extraordinaria la tarde de este lunes.
El informe concluye que todas las observaciones formuladas a las secretarías del Poder Ejecutivo y a los entes descentralizados fueron solventadas, mientras que las observaciones vigentes se concentran únicamente en los órganos autónomos.
De acuerdo con la descripción de la muestra auditada, la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones fue revisada sobre un universo de 515.4 millones de pesos, con una muestra de 13.9 millones; la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, 295.1 millones, con una muestra de 20 millones; la Secretaría de Administración, 572.7 millones, con una muestra de 107.8 millones; y la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, 73.1 millones, de los cuales se auditaron 9.08 millones de pesos.
En los órganos autónomos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca fue auditada sobre 53.2 millones de pesos, con una muestra de 2.7 millones, mientras que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) concentró uno de los montos más elevados: 766.5 millones de pesos de universo, con una muestra de 307.2 millones. En el Informe Final, la Defensoría mantiene dos observaciones y dos acciones, y el órgano electoral tres solicitud de aclaración y 12 pliegos de observaciones que jamás fueron solventadas.
Entre los organismos públicos descentralizados, destacan los Servicios de Salud de Oaxaca, con un universo de 12 mil 844.8 millones de pesos y una muestra de 157.1 millones; Vivienda Bienestar, con 699.4 millones y una muestra de 27.4 millones; Citybus Oaxaca, con 105.7 millones y una muestra de 7.9 millones; y la Dirección General del Hangar Oficial, con 22.6 millones, de los cuales se revisaron 1.6 millones. En todos estos casos, las observaciones preliminares quedaron solventadas.
Las auditorías practicadas fueron principalmente de cumplimiento financiero, tanto en la administración centralizada como en los órganos autónomos y organismos descentralizados, mientras que algunas entidades fueron revisadas bajo auditorías de cumplimiento.
Las dependencias que no presentan monto de muestra (Secretaría de Bienestar, Colegio de Bachilleres e Instituto Estatal de Educación para Adultos) no fueron consideradas en el cálculo.
Gasto público 2024: alto nivel de ejercicio y ampliaciones presupuestales
En paralelo a la fiscalización, el informe detalla el comportamiento del gasto público durante el ejercicio fiscal 2024. El Gobierno del Estado de Oaxaca aprobó un Presupuesto de Egresos por 99 mil 619 millones de pesos, el cual registró una ampliación presupuestal de 27.17%, para alcanzar un presupuesto modificado de 126 mil 689 millones de pesos. De ese total, se devengaron 121 mil 051 millones de pesos, lo que representó un 95.55% del presupuesto modificado.
Eso dejó un subejercicio total de 5 mil 588.7 millones de pesos, de acuerdo con el desglose por unidades administrativas.
Al cierre del ejercicio, el 78.47% del presupuesto modificado se destinó al Poder Ejecutivo, el 17.11% a los municipios, el 2.82% a los órganos autónomos, el 0.93% al Poder Judicial y el 0.67% al Poder Legislativo.
El Poder Ejecutivo presentó una ampliación presupuestal del 33.43% respecto al presupuesto aprobado y devengó el 94.38% del total modificado.
El 71.75% de las modificaciones presupuestarias se concentraron en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Secretaría de Finanzas, Servicios de Salud de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones y Caminos Bienestar.
Por sector, la Administración Pública Centralizada devengó el 89.65% de su presupuesto modificado, mientras que la Administración Pública Paraestatal alcanzó un 96.93%.
En términos de subejercicio, la administración centralizada registró 10.35%, los organismos públicos descentralizados 3.13%, los fideicomisos públicos 0.04% y las instituciones de seguridad social 0.02%.
En conjunto, las unidades administrativas devengaron el 94.38% del presupuesto modificado.
En el caso del Poder Legislativo, que incluye al Congreso del Estado y a la ASFE, se reportó una ampliación de 260.3 millones de pesos, equivalente al 43.84% de lo aprobado, con un ejercicio del 100% del presupuesto modificado.
El Poder Judicial también devengó el 100%, con incrementos de 0.69% en el Tribunal Superior de Justicia y de 3.33% en el Consejo de la Judicatura.
Los órganos autónomos registraron una ampliación global del 17.50%, principalmente para la Defensoría de los Derechos Humanos, el IEEPCO, la UABJO, el órgano garante de transparencia, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa.
En contraste, se reportaron reducciones en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el Tribunal Electoral del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, mientras que la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca tuvo una reducción total de su presupuesto aprobado.
Respecto a los recursos federales transferidos a los municipios, estos presentaron una ampliación del 6.58%, con un presupuesto modificado de 21 mil 677 millones de pesos, del cual se devengó el 100%.
Contexto financiero favorable
Finalmente, el análisis de las proyecciones de las finanzas públicas señala que Oaxaca enfrenta un escenario positivo, respaldado por el crecimiento económico registrado en 2024, particularmente en las actividades secundarias.
De acuerdo al dictamen, esta base económica fortalece la capacidad de generación de ingresos, reduce riesgos presupuestarios y permite anticipar mayor margen para inversión pública, siempre que se mantenga disciplina financiera, control del gasto y un seguimiento permanente de los escenarios de deuda y sostenibilidad fiscal.
