Ciudad de México.— Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en México y empresario ligado al sandinismo, es señalado por encabezar una red de contratos gubernamentales que superan los cuatro mil millones de pesos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su empresa, Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (SEICSA), está bajo investigación por su presunta participación en el ingreso ilegal de más de dos millones de litros de diésel a través del puerto de Guaymas, Sonora.
SEICSA fue contratada por la Secretaría de Marina (SEMAR) para resguardar el puerto desde agosto de 2022, con un contrato vigente de 65.6 millones de pesos, según revela un reportaje de la revista Proceso. La compañía de seguridad privada, registrada en Monterrey, fue la encargada de vigilar las instalaciones donde se llevó a cabo la operación de contrabando de combustible con presunta complicidad de funcionarios y empresas extranjeras.
Ante estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que se está llevando a cabo una investigación tanto administrativa como penal. “Se está haciendo la investigación, como lo dije, desde la parte administrativa y del SAT como la parte penal, y ahí sí, lo que digan las investigaciones, que se proceda”, afirmó durante su conferencia en Palacio Nacional.
Este caso no solo involucra un presunto acto de corrupción y contrabando a gran escala, sino que expone los vínculos diplomáticos e ideológicos entre el gobierno de México y el régimen de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, al permitir que un cónsul honorario ligado al sandinismo acumule miles de millones en contratos sin mayor escrutinio público.
El caso SEICSA, con sus ramificaciones diplomáticas y financieras, es solo “un botón de muestra” de cómo —según denuncias— se ha favorecido a ciertos personajes con cercanía política o ideológica durante el actual gobierno, mientras se predica desde el poder un discurso de austeridad y combate a la corrupción.
