El periodista conocido como Julio Astillero planteó tres temas en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, dos de estos de índole ambiental y uno más referente a cuestiones de seguridad.
Isaac Rosales | Astillero Informa
En específico, preguntó a la mandataria sobre la capacidad y eficacia del Estado Mexicano de enfrentar problemas como los que se han suscitado en Corcovada, en San Luis Potosí, en donde este domingo se tiene programada una asamblea para discutir la aprobación de un proyecto impulsado por abogados y empresarios ligados a Grupo Salinas, el cual tiene el fin de construir una planta de material para la construcción, pero también ha solicitado llevar a cabo actividades mineras, puesto que hay titanio y residuos de oro, además de que se han encontrado indicios de que puede haber litio en la zona, según han dicho activistas.
“Frente a todo ello, las comunidades han estado exigiendo que se suspenda esa reunión. Es un sinsentido jurídico, porque se busca promover la enajenación de 426 hectáreas para un proyecto de materiales de construcción, pero que implica la posibilidad de actividad minera“, dijo el periodista.
Esta última puede acarrear “la compra tramposa de los terrenos, la manipulación de ejidatarios, la división interna y el riesgo de la instalación de proyectos tóxicos“, añadió.
En respuesta, Sheinbaum Pardo señaló que no hay autorización del gobierno de San Luis Potosí ni de la Federación para la colocación del citado centro de elaboración de materiales de construcción con intenciones mineras.
“Está pendiente el procurador agrario [Víctor Suárez Carrera] para ver en qué condiciones está esta asamblea y que se realice el [estudio de] impacto ambiental adecuado para ver si tiene o no la autorización”, agregó.
Expresó que pedirá “a la secretaria de SEMARNAT, Alicia Bárcena, que entre en contacto con el gobierno del estado, y a Edna Vega, de SEDATU, que tiene a su cargo la Procuraduría Agraria, que entre en contacto con los ejidatarios y se revise el proyecto para ver el impacto ambiental que presuntamente pueda tener”.
Por otra parte, el también columnista en La Jornada expuso que en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, se está llevando a cabo una movilización en contra de la instalación de una planta que produciría 2200 toneladas de amoniaco, así como de otras empresas que también quieren instalarse en el lugar.
Ha existido “colusión de autoridades a nivel municipal en Ahome, del gobierno del estado y de ámbitos del gobierno federal, particularmente en la administración anterior, en donde se hizo una consulta simulada por parte del subsecretario Rabindranath Salazar“, sostuvo.
Asimismo, “ha habido una serie de omisiones e irregularidades en ese proyecto en el cual se ha ido instalando no solo la empresa que pretende generar esta producción de amoniaco, sino varias más, en un lugar que es protegido por la regulación Ramsar“.
“No ha habido la respuesta adecuada, particularmente, de la Procuraduría Federal para asuntos del medio ambiente (PROFEPA), a cargo de Mariana Boy, en donde se han estado estableciendo solicitudes de verificación de esa serie de instalaciones”, dilucidó.
Recordó que María Luisa Albores, exsecretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, no se reunieron con las comunidades a pesar de que aseguraron que lo harían.
También dijo que la propia SEMARNAT se encuentra litigando en contra de los grupos sociales afectados.
“Quien litiga contra las comunidades es la SEMARNAT, es decir, el gobierno federal, en un proceso que fue impulsado por Gerardo Vargas Landeros, que era secretario de Gobierno con Mario López Valdés, Maloba, y en el que participó el despacho jurídico de Francisco Labastida Ochoa, quien fue gobernador del estado”.
Ante esto, la presidenta de la república negó que dicha dependencia esté actuando en contra de las comunidades y manifestó que la secretaria Bárcena podría visitar Ohuira en fechas próximas para revisar la problemática.
“No te acepto que la SEMARNAT esté trabajando en contra de las comunidades. No es verdad que esté litigando a favor de una empresa. Lo que hace por ley es recibir las manifestaciones de impacto ambiental y evaluar si el proyecto tiene viabilidad o no”.
Finalmente, Astillero preguntó la razón de que agencias estadounidenses certifiquen a policías mexicanas. Al cuestionamiento, la titular del Ejecutivo contestó que es una práctica de data de hace mucho tiempo y habría que preguntarle al fiscal el sentido de dichas certificaciones. Sin embargo, agregó que las autoridades de México dan información para que se lleven a cabo operativos en Estados Unidos.
