Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- Poco después de las 23:00 horas del miércoles, 26 de septiembre, más de 30 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), dependiente de la Fiscalía General del Estado, irrumpieron de manera violenta y fuertemente armados en el domicilio del periodista de MVM Televisión y el portal digital de noticias Estado 20, Deimos Sánchez, sin mostrar alguna orden judicial.
Durante el allanamiento, los agentes cortaron cartucho y encañonaron con sus armas al comunicador y a su menor hija de cinco años, también lo despojaron de su celular para impedir que las agresiones quedaran registradas en fotografías o vídeos, coartando su ejercicio periodístico.
Este hecho causó temor entre los vecinos del periodista, ya que llegaron varias camionetas y automóviles sin identificación a altas horas de la noche, quienes observaron a los agentes portando armas de alto poder allanando el domicilio del comunicador.
El operativo se efectuó con una clara violación a los derechos humanos, ya que al periodista no le fue mostrada orden de cateo alguna, simplemente ingresaron por la fuerza, actuando de manera arbitraria contra una menor de edad y su padre, lo cual evidencia el abuso de autoridad con el que se conduce la Fiscalía.
En el domicilio ubicado en el fraccionamiento Lomas de la Sierra Juárez, perteneciente al municipio de San Andrés Huayápam, no encontraron nada fuera de la ley, además de que el periodista no tiene relación con ningún hecho delictivo, abandonando los elementos de la AEI el lugar sin siquiera ofrecer una disculpa.
Ante estos hechos, Deimos Sánchez acudió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) a interponer una queja, iniciándose el expediente DDHPO/1958/(01)/OAX/2018, donde se emitieron medidas dirigidas al gobierno de Oaxaca para que brinde protección al comunicador y su familia, así como para que garantice el ejercicio de su profesión en condiciones de seguridad.
Asimismo, se emitió una medida a la Fiscalía General del Estado para que se abstenga de causar molestias sin causa justificada al comunicador, por su parte, el organismo a través de su titular Arturo Peimbert Calvo, señaló que es preocupante y grave que la AEI cometa esta clase de atropellos, insistiendo en que los responsables del allanamiento al domicilio del periodista deben ser investigados y sancionados sin demora.
En este contexto, el periodista también interpuso una denuncia penal por las agresiones de los elementos de la AEI, quienes irrumpieron en su domicilio, después de este acto la Fiscalía emitió un escueto comunicado donde señaló que ya se había entablado comunicación con el periodista, explicándole la causa del cateo, la cual no fue detallada en el comunicado.
Más tarde, a través de las redes sociales, se filtró la información y la orden de cateo, la cual fue otorgada por el juez de Control del Circuito de Valles Centrales en materia penal con sede en Tanivet, dentro de la causa penal 594/2018, la orden fue otorgada ese mismo día en que se ejecutó.
El mandato judicial fue solicitado por la Fiscalía General del Estado, argumentando que la práctica de esa diligencia resultaba indispensable dentro de la causa penal, ya que continuaban las investigaciones para dar con todos los integrantes de la célula delictiva que había decapitado a dos taxistas en Valles Centrales.
Según la información obtenida por la Fiscalía en sus investigaciones, en el domicilio del periodista había armas de alto calibre que utilizaba el grupo delictivo, quienes se ostentaban como integrantes de un presunto grupo delictivo, algo que resultó totalmente falso.
Este actuar de la Fiscalía a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez sólo demuestra que busca los reflectores de la prensa para demostrar que está cumpliendo su trabajo, sin importar que está cometiendo graves errores en la integración de las carpetas de investigación y en su participación en el proceso penal.
Ello ha arrojado graves violaciones a los derechos humanos y la integridad física y psicológica de los ciudadanos, a los que debe proteger.
Además se evidencia una pésima organización al interior de la Fiscalía, falta de capacitación y profesionalización de los elementos de la AEI, así como un actuar precoz de los ministerios públicos, lo cual ha echado abajo varias detenciones, dejando en libertad a los presuntos delincuentes.
