México.- Frente a la ola de inseguridad provocada por la delincuencia organizada que aqueja al País los mexicanos pagarán con sus impuestos el blindaje de 70 autos que usan jueces y magistrados del País.
Son camionetas SUV cuyo valor unitario promedio es de 2.3 millones de pesos y que en conjunto suman 163 millones de pesos.
Los vehículos serán repartidos a los impartidores de justicia radicados en la Ciudad de México, Toluca, Monterrey y Zapopan.
Hace unos meses el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) había reportado que tenía 69 camionetas blindadas. De ellas, 20 estaban valuadas en 1.4 millones de pesos cada una; otras 20 estimadas en 1.3 millones; 19 cotizadas en 1.1 millones y 10 más con un costo aproximado de 1 millón de pesos cada una.
La licitación para la compra de los vehículos, convocada desde el 27 de septiembre, tuvo problemas, pues el fallo para dos de las partidas–Zapopan y Monterrey– fue repuesto por la Dirección General de Recursos Materiales, luego de que la Contraloría del Poder Judicial declaró fundada la inconformidad de una empresa.
No obstante, los mexicanos, que pagarán el total de los vehículos blindados, no podrán conocer qué empresa o empresas ganaron el concurso porque en la publicación del resultado de la licitación, difundida el 14 de febrero en el Diario Oficial, no se dieron a conocer los nombres o el nombre de los ganadores, que tampoco aparecen en el portal del CJF.
Desde el 4 de octubre, el CJF advirtió que no publicaría las actas de las juntas de aclaraciones con las 23 empresas que participan en la licitación.
“Se clasifica como información reservada el contenido del acta de aclaración a las bases del procedimiento adjudicatorio, en virtud de contener información de carácter técnico que pone en riesgo la vida y seguridad de personas físicas”, resolvió la directora General de Recursos Materiales, María Elena Baza.
En 2012, cuando licitó la compra de 20 SUV blindadas, el CJF sí publicó los detalles técnicos de los vehículos y su protección y también publicó el acta de aclaraciones.
El CJF ha protegido con autos blindados, vigilancia especial y otras medidas a jueces y magistrados que llevan asuntos penales de alto riesgo, pero eso no ha evitado del todo los atentados.
Por ejemplo, el juez Vicente Bermúdez fue ejecutado el pasado 17 de octubre en Toluca, cuando hacía ejercicio cerca de su casa.
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