Redacción El Piñero | Corresponsalía
México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute la votación de la propuesta de sentencia donde se pretende negar el amparo a comunidades de Puebla que impugnaron varios artículos de la Ley Minera en México al no incluir un mecanismo de consulta a los pueblos para otorgar concesiones de extracción.
Por lo anterior, las comunidades indígenas del estado de Puebla, sobre todo de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonáhuac emitieron un llamado a la Suprema Corte para que respete los derechos de los pueblos.
El proyecto original fue presentado por el Ministro Javier Laynez Potisek, pero fue criticado por diversas organizaciones y por la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que se mandó a revisión y modificó para votarse este miércoles 13 de enero.
Varias comunidades del país, así como organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la SCJN decretar la inconstitucionalidad de los artículos 6, 13, 13 Bis, 15 y 19 de la Ley Minera porque viola los derechos humanos y porque fue aprobada sin consentimiento previo, libre e informado de pueblos y comunidades indígenas.
A través de una grabación distribuida en la plataforma de videos YouTube, el Consejo Maseual Altepetajpianij compuesto por 30 representantes de los tres municipios afectados, piden a los integrantes de la Segunda Sala que voten por declarar inconstitucionalidad dichos artículos que postulan en el amparo.
Nazario Diego Téllez, representante del Consejo Maseual Altepetajpianij de la Sierra Nororiental del estado de Puebla, señaló que si votan a favor de esta Ley estarían favoreciendo a las empresas y afectando los derechos no solo de una comunidad, también de otras regiones del país y Latinoamérica, que implica la entrada de las empresas en diferentes explotaciones, no solo minerales, también de gas natural y plantas hidroeléctricas.
Y es que el pueblo maseual logró en 2018 un amparo contra tres concesiones mineras en etapa de exploración en Cuetzalan, Puebla, otorgadas a la compañía mexicana Minera Autlán, de José Antonio Rivero Larrea en 2007, 2008 y 2011. Sin embargo, en mayo de 2020, cuando celebraban rituales a sus manantiales, el recurso estuvo en riesgo por un proyecto en la SCJN que propuso desvincular la Ley Minera (1992) de sus derechos indígenas.
En México, las violaciones a los derechos de los pueblos continúan desde pasados sexenios con proyectos de energías renovables (eólicas) o extractivos (minas). El 35 por ciento del territorio nacional está concesionado a las empresas mineras que ha provocado diversos conflictos socioambientales. Desde la Ley Minera de 1992 van más de 27 mil concesiones de las cuales solo 3 mil operan, de acuerdo con datos de la Cámara Minera de México.
