Jaime GUERRERO | El Piñero
El Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, presentó a la LXV Legislatura, un paquete de reformas a la Constitución Política Local, a siete leyes secundarias y reglamentarias, para restringir el acceso a cargos públicos a personas que estén inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La iniciativa expone que esta limitante sea vinculante para las y los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, integrantes del Poder Judicial del Estado -jueces, secretarios y magistrados-, así como las personas titulares e integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos.
Entre los órganos autónomos estatales, destaca la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, así como la Fiscalía General del Estado -incluyendo a ministerios públicos, policías investigadores, facilitadores, entre otros.
Asimismo, se contempla que este requisito sea exigible para las personas que deseen postularse como diputados o diputadas locales. También, para que sea extensiva a las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado. Se prevé que la presente modificación, sea vinculante únicamente a partir de las oficinas y todos los niveles burocráticos superiores.
En la exposición de motivos, se establece el compromiso realizado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, principalmente para garantizar el Interés Superior de las Niñas, Niños y Adolescentes, respecto al derecho alimenticio como seguridad a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
La propuesta prevé la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a siete leyes secundarias, para establecer como requisito para fungir como servidores públicos, no ser deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien, tramiten el descuento correspondiente.
Se busca que las personas integrantes del servicio público pongan el ejemplo a toda la sociedad y, a través de este, el derecho a los alimentos sea extensiva a todas las comunidades de la entidad, y se convierta en un principio socialmente arraigado.
