Jaime GUERRERO
Oaxaca.- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmaron que están abiertas las investigaciones contra ex servidores públicos de la administración que encabezó Gabino Cué Monteagudo.
Fue el Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad (CCCI), quien requirió a diversas dependencias del Gobierno Federal información sobre las investigaciones y acciones ante los actos de corrupción del gobierno de Cué, denunciados legal y públicamente.
En respuesta, la PGR indicó que, derivado de la denuncia interpuesta por el senador de Oaxaca Benjamín Robles Montoya, si alguna dependencia o ciudadano cuenta con mayores datos qué aportar a la investigación por los actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita denunciados, que se hagan llegar a la brevedad posible a esa autoridad federal.
A su vez, la ASF informó que se realizaron 130 auditorías a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca sobre los ejercicios fiscales de 2010 a 2015, las cuales tienen diversas observaciones.
Mientras la Secretaría de la Función Pública (SFP) citó al CCCI para el próximo 9 de febreropara responder a su solicitud sobre si existen denuncias e investigaciones a delegados federales en Oaxaca que durante el sexenio pasado hubieran incurrido en actos de corrupción.
En el ámbito estatal se presentó solicitud de Juicio Político en contra de Gabino Cué ante el Congreso del Estado de Oaxaca, el cual notificó al CCCI haber turnado la petición a la Comisión Permanente Instructora, presidida por la diputada María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), e integrada por las diputadas, María Mercedes Rojas Saldaña (PRI) y Paola Gutiérrez Galindo (PRD), así como por los diputados, Juan Mendoza Reyes (PAN) y Jesús Romero López (PT).
Por lo pronto, sigue saliendo a la luz pública, casos de personas agraviadas.
Por ello, el CCCI solicitó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa una audiencia para conocer las acciones que ha emprendido para esclarecer el uso que se dio a los recursos públicos en la anterior administración, castigar a los funcionarios y servidores públicos que fueron responsables y evitar así que estos actos de corrupción queden en la impunidad.
Hasta el 25 de enero de este 2017 se mantuvo comunicación informal con el Poder Ejecutivo de Oaxaca que planteó canalizar el encuentro con el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se espera la confirmación al respecto.
El CCCI considera que los Gobiernos Estatal y Federal no solo deben investigar el desfalco al erario y castigar a los responsables, también deben resarcir los daños que impactan directamente a millones de personas que iban a ser beneficiarias de programas sociales, proveedores que perderán sus inversiones y personas trabajadoras que cumplieron con sus deberes pero no han recibido el sueldo correspondiente.
