Jaime GUERRERO
Oaxaca.- Tras ventilarse en un medio de circulación nacional, 7 mil 401 millones de pesos en cuentas bancarias, que presuntamente fueron obtenidos de las arcas estatales, por parte de Jorge Castillo Díaz, operador político y económico del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, en el Congreso del Estado, ya se analiza una reforma al código penal, para que los bienes que se decomisen a exfuncionarios o personas que se han enriquecido de manera ilícita con dinero del erario estatal, deben ser de utilidad pública pero sobre todo orientados a un fin social.
El diputado de Morena, Jesús Romero López, dijo que la cantidad bien podría servir para la reconstrucción de los municipios afectados por los sismos o el pago de la deuda pública.
Explicó que en Oaxaca existe un problema de distribución de recursos y corrupción, luego de que se exhibiera que Castillo Díaz, realizaba operaciones de cerca de 7 mil millones de pesos en cuentas bancarias, mismos que presuntamente fueron obtenidos de las arcas estatales, “cantidad que bien podría servir para la reconstrucción de los municipios afectados por los sismos o el pago de la deuda pública”.
“Se están dando a conocer muchos caso de corrupción, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, por eso estoy proponiendo que todo lo decomisado de actos de peculado y corrupción sea utilizado por el Estado para acciones de carácter social”, manifestó.
De acuerdo a Romero López, es necesario actualizar las leyes para que fortalezcan la tarea de prevenir y sancionar actos de corrupción, por lo que la reforma, sumada a una iniciativa a la Constitución del Estado de Oaxaca que fue avalada por todas la fracciones, incluyendo Morena, se podría brindar a las instituciones las herramientas legales necesarias para su actuar.
El diputad Morenista, explicó que actualmente los recursos y bienes decomisados, quedan en poder del estado, sin embargo no se especifica su uso y destino, por lo que, al reformar el Código Penal, se podría asegurar que estos regresarán a beneficio social y de utilidad pública.
En la víspera, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que investigan la red de prestanombres de Jorge Castillo Díaz, operador político y económico del exgobernador Gabino Cué Monteagudo, para detectar la presunta malversación y desvíos millonarios de recursos públicos en que habría incurrido.
En tanto, la Fiscalía General del Estado confirmó que al extitular de la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra), Sergio Pimentel Coello, se le negó un amparo de la justicia federal para no ser detenido.
Por lo pronto, a Castillo Díaz se le desechó una queja que presentó contra el Agente del Ministerio Público que lo investiga por el presunto desvío de 14 mil millones de pesos del 2012 al 2014.
Actualmente, están detenidos el ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, German Tenorio Vasconcelos (recluido actualmente en el penal), y vinculados a proceso por el presunto desvío de 100 millones de pesos, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas, ex tesoreros de Cué Monteagudo, en presunta colusión con el titular de los SSO.
Por lo pronto, a los ex tesoreros de Cué Monteagudo se les dictó prisión preventiva y por los menos estarán recluidos en el penal de Santa María Ixcotel tres meses, para seguir su juicio en el penal.
Y es que además de las investigaciones iniciadas, hay más contra diversas dependencias y funcionarios de la administración de Cué Monteagudo, entre ellas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); de las Infraestructuras (Sinfra); Turismo y Economía; Sevitra, Finanzas y otras más contra los Servicio de Salud, así como las indagatorias contra Castillo Díaz.
No obstante, luego de una publicación en la que se imputaba a Castillo Díaz, se realizó una audiencia ante un Juez de Control debido a que la defensa de “Coco Castillo”, cuestionaba la determinación de no acceso del expediente ante un Juez.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción reveló que el 4 pasado de septiembre de 2017, el Juzgado Segundo de Distrito inició el expediente 974/2017 con la queja presentada por Jorge Enrique Castillo Díaz, ex operador político y financiero en el anterior Gobierno del Estado, contra el Agente del Ministerio Público de la Mesa 1 del Sistema Adversarial adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.
No obstante, la queja fue desechada. “Al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, de plano se desecha la demanda de garantías”, expone el acuerdo de esta autoridad federal, con fecha 5 de septiembre de 2017.
Actualmente, son cerca de 50 las denuncias nuevas contra los funcionarios de Cué Monteagudo, las cuales se suman a las 1 mil 500 heredadas contras administraciones pasadas y ex autoridades municipales.
