Jaime GUERRERO |El Piñero
Con 38 votos a favor, la LXV Legislatura, aprobó el vetó total del Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, al decreto que creó la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, aprobado por la LXIV Legislatura y que extinguía el Comité de Participación Ciudadana (CPC) Anticorrupción de Oaxaca.
La dictaminación de ese veto por parte de la Comisión del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, entrampó el inicio de la sesión del Congreso de Oaxaca, por más de tres horas, debido a que el coordinador de la bancada del PT, Noé Doroteo Castillejos, acordó con los coordinadores de las bancada de Morena, Laura Estrada Mauro, y del PRI, Alejandro Avilés Álvarez, aprobar el dictamen, sin consensar con la presidenta de esa comisión, la petista, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz.
Por ello, en tribuna, Vázquez Ruiz, reveló que subieron al orden del día un dictamen que no había elaborado ni aprobado por la comisión que preside.
Exhorto entonces a mantener canales de comunicación institucionales y se muestre mayor coordinación en beneficio del trabajo legislativo.
“Personalmente lamento que algunos diputados de la legislatura pasada hayan utilizado este Congreso para maniobrar entre la ilegalidad y barbarismo político y evidenciar algo más que ignorancia en el tema”, asestó.
Aceptó que se debe conocer cuál ha sido el desempeño del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y saber en qué han fallado y recomponer el camino.
Con el veto de Murat Hinojosa, queda firme el Comité de Participación Ciudadana (CPC) que actualmente preside, Pablo Munguía Gaytán, compadre del diputado del PT, Benjamín Robles Montoya y que fue fallidamente extinguindo por la pasada legislatura a propuesta de la bancada de Morena.
El gobernador de Oaxaca, advirtió en su veto total que, de permanecer vigente la nueva Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, impactaría presupuestalmente porque no se realizó el procedimiento respectivo, ni el análisis financiero necesario.
Justificó que de entrar en vigor este decreto, obligaría al pago simultáneo de consejeros e integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a la remoción del actual Secretario Técnico nombrado por tres años por el Comité Coordinador y a la designación de uno nuevo; “situación que de igual manera, implicaría el pago simultáneo de ambos”.
El pasado mes de abril de 2021, la pasada Legislatura de Oaxaca aprobó la nueva Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción con la que desaparecía el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y creaba el Consejo de Participación Ciudadana.
De acuerdo con oficio GEO/050/2021 que entregó a la LXV Legislatura, Murat Hinojosa, argumentó que el decreto no fue expedido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tampoco fue homologado con el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
“La nueva Ley del Sistema Estatal del Combate a la Corrupción, violenta el principio de legalidad, la supremacía constitucional, la certeza y seguridad jurídica, e invade esferas de competencia y vulnera la división de poderes”, asestó.
“Va en contra del artículo 113 de la Constitución Federal, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en contra de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria… Con fundamento en los supuestos constitucionales antes referidos, estando dentro del plazo de 15 días formulo veto total al citado decreto”, señala el mandatario en su misiva.
Al vetarse el decreto, los actuales miembros del CPC del Sistema Anticorrupción de Oaxaca seguirán ejerciendo sus funciones y quedan sin efecto, los nombramientos de los integrantes de lo que seria el Consejo de Participación Ciudadana.
La ley vetada, establecía recomendaciones del CPC como vinculantes, pese a que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Constitución Política de México establece que no pueden ser vinculantes porque no es un organismo jurisdiccional.
Murat Hinojosa, justificó que el artículo 16 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que a toda propuesta de aumento o creación de gasto que afecte el proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
“Todo proyecto de Ley o Decreto que sea sometido a votación del pleno de la legislatura local, deberá incluir en su dictamen una estimación sobre el impacto presupuestario. El cual se correlaciona con el artículo 66 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual dispone que en el caso de que las iniciativas impliquen un impacto presupuestal, la comisión o comisiones deberán solicitar a la Comisión de Presupuesto y Programación y a la Secretaría de las Finanzas del Gobierno del Estado, una proyección de dicho impacto”, manifestó.
