Jaime GUERRERO
Oaxaca.- Luego del voto a favor de 22 congresos estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma educativa que impulsó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, con la cual se derogó la que se aprobó en la administración del ex presidente, Enrique Peña Nieto.
El documento, avalado por la mayoría de las legislaturas estatales, fue turnado al Diario Oficial de la Federación para su publicación y será éste jueves cuando entre en vigor, para regir la política educativa del país.
El presidente de la Comisión Permanente y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, hizo la declaratoria, en cumplimiento de lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política:
“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, aprobado el 9 de mayo del 2019 (por el Congreso de la Unión)”.
Los congresos que avalaron el documento fueron los de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo y Zacatecas.
La reforma educativa, entre otros aspectos, reafirma la rectoría del Estado sobre la educación y se establece la obligación del Estado de garantizar la educación en todos sus tipos y niveles, desde la inicial hasta la superior.
Abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), con lo cual se eliminan las evaluaciones docentes que afectan la permanencia de los maestros en el servicio.
Desaparece el INEE, para dar paso a la creación de un organismo público descentralizado que coordinará el Sistema de Mejora Continua de la Educación.
Asimismo, estipula que los derechos laborales de los maestros se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política y que la rectoría de la educación, sigue estando a cargo del Estado.
