Jaime GUERRERO
Para la protección integral de las personas y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma al Código Penal estatal que tipifica el acecho como delito.
Con esta medida, Oaxaca se convierte en la sexta entidad del país en regular este ilícito, sumándose a Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León y el Estado de México.
La iniciativa, impulsada por las diputadas Biaani Palomec Enríquez del Partido del Trabajo (PT), y Haydeé Irma Reyes Soto, Jimena Yamil Arroyo Juárez y Analy Peral Vivar del Grupo Parlamentario de Morena, establece que el acecho, conocido también como “stalking”, será castigado con penas de seis meses a tres años de prisión y multas de 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria.
Este delito se perseguirá por querella, salvo en casos que involucren a víctimas menores de 18 años, donde se procederá de oficio.
El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, define el acecho como conductas reiteradas y sin consentimiento, como vigilancia, seguimiento físico o digital, envío de comunicaciones no deseadas o la presencia constante en lugares frecuentados por la víctima, que generen temor fundado por su seguridad o integridad.
Las penas se agravarán si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o adulta mayor, o si el agresor tiene o tuvo una relación cercana con la víctima, utiliza medios digitales, porta armas, ejerce violencia física, es reincidente en delitos de género o actúa motivado por la identidad de género u orientación sexual de la víctima.
La reforma adiciona el Capítulo IV “Acecho” al Título Decimoquinto “Delitos Contra la Paz y la Seguridad de las Personas” y el artículo 270 Bis al Código Penal local, cerrando vacíos legales que dificultaban la atención de este tipo de violencia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que el acecho es una forma de violencia de género que vulnera derechos fundamentales y puede ser precursor de delitos graves como feminicidio, trata o desaparición.
Además, la falta de reconocimiento legal ha generado una “cifra negra”, al no existir datos claros sobre las víctimas de estas conductas.
