Redacción El Piñero | Corresponsalía
Ciudad de México.– Más allá de la polémica generada por un episodio que la volvió viral en redes sociales, la directora de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Amanda Pérez Bolaños, ya era tema de conversación en los pasillos del máximo tribunal, debido a posibles conflictos de intereses relacionados con su trayectoria profesional y vínculos empresariales.
De acuerdo con información que circula en el ámbito judicial, Pérez Bolaños es egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y ha señalado contar con experiencia en el sector público, habiendo laborado en las secretarías de Relaciones Exteriores, Turismo y Salud, así como en el gobierno del Estado de México durante el sexenio de Alfredo del Mazo Maza.
Asimismo, se recuerda que en 2018 fue candidata a diputada federal suplente por el PRI, partido que actualmente se mantiene como una de las principales fuerzas opositoras al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.
Además, se indica que la funcionaria es cofundadora de una consultoría privada, la cual mantiene vínculos con una empresa televisora que enfrenta diversos asuntos en litigio ante la SCJN. Conforme a datos públicos, Pérez Bolaños continuaría siendo socia de dicho despacho, lo que ha generado cuestionamientos internos.
Ante esta situación, algunos ministros habrían expresado su inquietud desde antes del reciente escándalo mediático, al considerar incompatible que una funcionaria del Poder Judicial mantenga participación en una empresa relacionada con grupos empresariales que tienen expedientes en curso ante la Corte, lo que podría constituir un conflicto de intereses.
Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de la Suprema Corte ni de la propia funcionaria respecto a estos señalamientos.
