Redacción El Piñero
Un operativo de la Fiscalía de Oaxaca que se realizó la madrugada del 21 de marzo ha desatado una ola de críticas y denuncias por violaciones a los derechos humanos, después de que una pareja sufrió graves consecuencias tras la incursión en su hogar en la Avenida 16 de Septiembre.
La acción, que fue ejecutada sin orden judicial, dejó a Roberto Timoteo Cervantes García, de 35 años, con lesiones graves y a su esposa, Ariana Bernardi Manica, detenida en un contexto de confusión y violencia.
Ambos fueron sorprendidos por ruidos de golpes en la puerta. Al ver a personal armado e identificado como agentes de la Fiscalía, Roberto tomó su arma con permiso legal y disparó en defensa propia. La situación escaló rápidamente cuando los agentes respondieron disparando dentro de la vivienda, resultando en graves heridas para Roberto.
Informes de testigos indican que los agentes destruyeron puertas y ventanas en su búsqueda de presuntos delincuentes, pero no encontraron nada que justificara el uso de la fuerza. La falta de una orden de cateo ha sido un punto central de la controversia, cuestionando la legalidad de las acciones tomadas por las autoridades desde la perspectiva de derechos humanos.
Ariana, quien no fue herida durante el enfrentamiento, experimentó una crisis nerviosa y fue asistida por Protección Civil. Sin embargo, su detención ha sido objeto de críticas, pues muchos consideran que fue tratada injustamente tras un evento tan traumático. Mientras tanto, Roberto fue llevado a un hospital en Veracruz, donde permaneció bajo vigilancia policial, a pesar de que se le dejó desangrar por varias horas sin recibir atención médica.
Ambos fueron liberados posteriormente, pero la falta de explicaciones por parte de las autoridades ha generado incertidumbre y preocupación entre la comunidad lomabonitense.
La situación pone de relieve la creciente preocupación sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y la necesidad de abordar la violencia en los operativos de seguridad pública.
La familia ha iniciado acciones legales en contra de los agentes implicados, exigiendo justicia y señalando lo que consideran un abuso de autoridad y un grave desamparo de sus derechos.
