Jaime GUERRERO
Oaxaca.-La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) convocó construir una agenda de trabajo desde la ciudadanía, en la se establezca la reducción de programas sociales por su utilización con fines clientelares y políticos, así como un nuevo esquema de bonos de productividad sin carga fiscal que vaya de forma inmediata al salario de los trabajadores.
El posicionamiento emitido por los 66 Centros Empresariales establecidos en todo el país señala que el acuerdo es necesario pero que éste tenga metas concretas, cuantificables y calendarizadas. “Que incluya los temas más críticos de la agenda económica y política de México. Con métricas que permita evaluar el avance en la dirección correcta. Ese acuerdo solo puede surgir de la sociedad”, expone el texto.
Luego de rechazar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, dado a conocer por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado lunes 9 de enero, por considerarlo improvisado, incompleto e insuficiente, ese sindicato patronal, planteo un acuerdo alterno, a partir de 3 líneas de acción con 18 puntos.
En la línea de acción de impulso a la economía familiar y la creación de empleo digno, plantea la eliminación de por lo menos el 50 por ciento de los 37 programas de sociales que la Coneval ha identificado como duplicados en los que se estima se gastarán más de 200 mil millones de pesos en el 2017.
Estos programas -argumentó- tienen un alto riesgo de ser clientelares como es en el caso de comedores comunitarios y los llamados “servicios a grupos con necesidades especiales”.
Elaboración de un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal en el 2018 lo anterior para evitar que el clientelismo electoral duplique el número de beneficiarios.
Asimismo aprobar la deductibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales a fin de crear empleos más dignos, generar un nuevo esquema de bonos de productividad sin carga fiscal que vaya al salario de los trabajadores.
En la línea de mejora a las finanzas públicas y promoción de la estabilidad macroeconómica plantearon evitar el incremento de la deuda a tasa de 14 por ciento anual a partir del establecimiento de un Consejo Fiscal Independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); recortes reales al gasto del gobierno federal el cual registró un crecimiento del 5.9 por ciento el año pasado a pesar los presuntos recortes realizados.
Evitar más incrementos a los precios de la gasolina en los meses subsecuentes dado que existen recursos excedentes del IEPS y de la venta del petróleo; reducir gastos en comunicación social y publicidad gubernamental, financiamiento a los partidos políticos y prestaciones extraordinarias de los funcionarios públicos.
En lo que respecta a promoción del estado de derecho y combate real a la corrupción, demandaron la reducción de tasa de incremento de homicidios dolosos los cuales sufrieron un incremento del 2.1 por ciento en año pasado. Reducción del robo de gasolina; sanciones fiscales a estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales anticorrupción y quienes no homologuen su ley de cuenta pública o que no mejoren el índice de transparencia presupuestal.
Detener la entrega de recursos a programas con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.