Redacción| El Piñero
La reciente masacre de 13 miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) en el municipio de Ayutla de los Libres ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de las comunidades indígenas ante la creciente violencia y la colusión de autoridades con grupos delictivos.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, responsabilizó a las instituciones de seguridad del Estado por su falta de acción y estrategia frente al avance del crimen organizado en la región.
Barrera Hernández destacó que el aumento de la violencia está ligado a la alianza entre caciques locales y empresas mineras transnacionales, que buscan apoderarse de ricos yacimientos de minerales en la Costa Chica y la Montaña Alta de Guerrero bajo el polémico proyecto denominado “Corazón de las Tinieblas”.
Esta situación ha creado un clima de temor y sometimiento en las comunidades afectadas, particularmente en grupos históricamente organizados en contra de la militarización y el cacicazgo.
Durante la entrevista a medios locales, el director del centro de derechos humanos enfatizó que la inacción de las autoridades se ha convertido en un grave problema:
“No vemos una estrategia que priorice atender los reclamos de una población asustada. Las autoridades han bajado la guardia, y Guerrero está enfrentando un retroceso en materia de seguridad”.
A medida que la violencia se intensifica, especialmente en la zona tlapaneca y otros municipios del corredor que incluye Ayutla y Tecoanapa, surgen serias preocupaciones sobre la efectividad de los cambios de mando en las fuerzas de seguridad.
Barrera Hernández apuntó que es necesario repensar la respuesta del gobierno ante estos desafíos, para evitar mayores tragedias y restaurar la seguridad y estabilidad en la región.
