•Dos diputadas de MORENA y activistas promueven protección con la Justicia Federal
•Legisladores panistas “normalizan” los feminicidios; evaden observaciones por violencia contra veracruzanas.
•Veracruz, primer entidad con dos Alertas de Violencia de Género (AVG)
Arantxa Arcos
Antes de terminar el mes de octubre, la entidad costera será la primera en México con dos Alertas de Violencia de Género (AVG).
El periodo de seis meses para atender recomendaciones enviadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) caducó. Las observaciones se incumplieron. El Congreso de Veracruz y su mandatario estatal, fueron los infringidos.
En el lapso de activar la Segunda Alerta de Violencia de Género (AVG) en Veracruz por Agravio Comparado, legisladoras del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y activistas en defensa de los derechos de las mujeres, tramitaron amparos contra los diputados locales, principalmente aquellos que integran la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, y la Comisión de Igualdad de Género.
La Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales es presidida por el panista, Bingen Rementería Molina, hijo del actual titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Julen Rementería del Puerto. De secretario en dicha comisión quedó el priista, Carlos Antonio Morales Guevara, y de vocal, el panista, Gregorio Murillo Uscanga.
En tanto, la vocal de la Comisión de Igualdad de Género, Tanya Carola Viveros Cházaro, se irá legalmente contra la presidenta de esta comisión, la panista Teresita Zuccolotto Feito, y contra la secretaria, la priista Janeth García Cruz.
“Estamos en espera que ahorita en octubre se declare la Alerta por Agravio Comparado. Veracruz es el primer estado con dos alertas y nos ponemos en como una entidad con mayores violaciones a los derechos humanos de las mujeres puede seguir así” reprochó la activista Layda Jacqueline Estrada Bautista.
El amparo de Carola Viveros, diputada de MORENA por el distrito XI, Xalapa II, será reforzado con otro tramitado por su compañera de bancada, la legisladora Daniela Guadalupe Griego Ceballos, del distrito X, Xalapa I.
Estos dos amparos y otro más, aún en trámite, por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, se anexan al aprobado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de Veracruz contra el Congreso del Estado por omisión legislativa para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación.
“Las organizaciones se están amparando ante la segunda Alerta de Violencia de Género. Es darle seguimiento y no dejar de hacer acciones. De todas formas Veracruz sigue siendo el onceavo estado con mayores embarazos en adolescentes, de todas maneras, las mujeres van a seguir haciendo estos abortos, en ese sentido, dar la mayor cobertura y seguimiento” reiteró Estrada Bautista.
El único amparo indirecto ya en manos de las activistas veracruzanas lo consiguió la Asociación Civil “Equifonía”, mismo grupo de mujeres que generaron la recopilación de información para activar la primera Alerta de Violencia de Género en Veracruz.
Las medidas en proceso por dos legisladoras contra sus homólogos y por veracruzanas coinciden en evidenciar las anomalías vigentes por parte de autoridades estatales.
“Aunque ha habido algunas acciones no ha habido un pronunciamiento del ejecutivo en este tema como a nivel estatal que se posicione contra la violencia de las mujeres. No hay ese pronunciamiento, aunque hay organizaciones que promueven acciones en torno a las dos alertas. Resulta importante que el ejecutivo también se posicione”.
Durante el mes de marzo, la CONAVIM envío las recomendaciones al Gobierno de Veracruz y sus entes responsables de mejorar las condiciones de seguridad para las mujeres que radiquen o transiten por la entidad.
Fue aceptada y presumida por el secretario de Gobierno, el ex dirigente del PRD en Veracruz, Rogelio Franco Castán.
“El gobierno del estado ya le está contestando a la CONAVIM, hemos aceptado sus observaciones y tenemos un plazo de seis meses para que el gobierno del estado acepte las medidas” externó en entrevista el 30 de marzo del 2017.
Las observaciones a la administración estatal y sus dependencias iban dirigidas al trabajo del Congreso Local, el Poder Judicial y la Secretaría de Salud.
Para el Poder Legislativo, los diputados se ordenaba estudiar, analizar y modificar el artículo 149 del Código Penal. La propuesta de la CONAVIM consideraba aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) después de la décima segunda semana de gestación. No ocurrió.
Además, también debían reformar el artículo 150 y 154 del Código Penal, esto como consecuencia de modificar el 149 de citada ley.
Ante las omisiones, el mandatario estatal sigue guardando silencio y envía a sus funcionarios, como el secretario de gobierno o los diputados militantes del Partido Acción Nacional (PAN) a dar la cara por las omisiones a las observaciones.
“Se sigue normalizando la violencia contra las mujeres, vemos que estos altos índices de violencia posicionan a las mujeres en feminicidios” sentenció la activista, Estrada Bautista.