Jaime GUERRERO
En una sesión maratónica que se extendió por casi 16 horas, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada una reforma a la Ley de Amparo que modifica el polémico artículo tercero transitorio, con el fin de clarificar su aplicación en materia de retroactividad.
La votación registró 322 votos a favor, 128 en contra —principalmente de la oposición— y tres abstenciones.
A las 1:43 de madrugada de este martes, el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, presentó una reserva que redefine el alcance del artículo transitorio.
El nuevo texto establece que las etapas procesales concluidas en juicios de amparo se regirán por las disposiciones vigentes al inicio de su tramitación, mientras que las etapas posteriores aplicarán las nuevas reglas.
“Al tratarse de una ley procesal, las etapas concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por la ley antigua. Las actuaciones futuras, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguirán el nuevo decreto sin retroactividad ni afectación a derechos”, detalla la redacción aprobada.
Flores, quien reconoció que la reserva fue “comentada por la Presidenta y consensuada por el coordinador de Morena”,
Ricardo Monreal, explicó que la modificación responde a la necesidad de reglas claras para procesos en trámite. “Los procesos no se agotan en un solo acto; hay etapas que generan derechos. Lo hecho queda bajo la ley antigua, lo posterior bajo la nueva”, argumentó.
El coordinador de la mayoría morenista, vinculó la reforma directamente a la recuperación de recursos públicos.
Reveló que existen 2 mil 73 créditos fiscales pendientes de empresarios poderosos, con 2 mil 66 juicios de nulidad sin resolución firme, sumando más de 100 mil millones de pesos solo este año.
“El tiempo promedio para cobrar es de 16 a 22 años, y el Estado recupera apenas el 0.5%. El 95% de los deudores no pagan. Esta reforma va contra ellos, para que paguen lo justo al erario”, afirmó.
El Pleno también avaló reservas adicionales.
Una, impulsada por Monreal y el petista Ricardo Mejía, modifica el artículo 129 para permitir suspensiones provisionales en casos de revocación de concesiones, pero las declara improcedentes si se busca operar sin permiso. “Hoy, alguien niega un permiso en ventanilla, promueve amparo, obtiene suspensión y opera ilegalmente. Esto lo evita”, explicó Mejía.
Otra reserva sustituye “interés público” por “disposiciones de orden público” en el artículo transitorio, eliminando interpretaciones discrecionales que permitían negar suspensiones.
Además, quita la carga al quejoso de probar daños de difícil reparación.
Oposición denuncia “retroactividad encubierta” y riesgo a la seguridad jurídica
La oposición rechazó la reforma con vehemencia. El priista Emilio Suárez la calificó de “retroactividad encubierta”, al argumentar que aplicar nuevas reglas a etapas futuras altera derechos adquiridos, cargas procesales y mecanismos de defensa en juicios en curso. “Impacta las condiciones bajo las cuales las partes accedieron al proceso, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de miles”, advirtió.
El panista Federico Döring fue más duro: comparó el transitorio con el “de Porfirio Díaz y Claudia Sheinbaum”, acusando al oficialismo de dar “justicia y gracia a los amigos, justicia a secas a los enemigos”.
Cuestionó la necesidad de la modificación si no hay intención de “joder a la mala” a críticos, y la tildó de “cheque en blanco para traficar influencias”.
Criticó la selectividad al no abordar amparos como el de la diputada Hilda Brown —relacionada con ‘La Mayiza’— o el de Hernán Bermúdez, y acusó a Morena de debilitar el amparo vía la “puerta trasera” del artículo 14 constitucional.
La reforma, ahora enviada al Senado, busca equilibrar la eficiencia procesal con la protección de derechos.
