Jaime GUERRERO | El Piñero
Más de 20 familias de Villa de Mitla denuncian ser víctimas de despojo por autoridades comunales en colusión con el Tribunal Unitario Agrario número 21.
Asimismo, acusan que falsifican documentos, inician juicios agrarios e incluso presentan denuncias.
En conferencia de prensa, denunciaron que no es un hecho aislado, sino un patrón de despojo legalizado, con la complicidad del Comisariado de Bienes Comunales, el Tribunal Agrario y particulares que han hecho de la tierra un negocio sucio en ese municipio catalogado como Pueblo Mágico y turístico por excelencia.
Afirman que una red de despojo agrario opera impunemente en San Pablo Villa de Mitla, afectando a ciudadanos con títulos de propiedad perfectamente legales.
Citaron el caso del terreno “El Macahuite”, de Efraín Hernández García, como uno de los ejemplos, respecto a que el Comisariado de Bienes Comunales, el Tribunal Agrario del Distrito 21 y particulares, Adolfo Hernández García y Efrén Hernández García, están coludidos.
Relataron que, Efraín Hernández García es propietario y posesionario de un predio heredado legítimamente por su tío Rufino Aguilar Quero.
Su escritura está respaldada por una cadena de documentos que inicia desde hace más de 50 años.
Sin embargo, en 2021 su propio hermano, Adolfo Hernández García, presentó un acta de posesión a partir de documentos falsos para reclamar la posesión del predio.
Denunciaron que, el Comisariado de Bienes Comunales de Mitla le expidió actas de posesión fuera de toda norma, reconociendo una supuesta compraventa ficticia.
Se inició un juicio agrario que avanzó de forma sorpresiva: primero fue desestimado, luego reabierto, y finalmente resuelto en contra de Efraín, violando su derecho a defenderse.
Al predio fue ingresado con fuerza pública el pasado 30 de abril a las 11 de la mañana.
Las victimas acusaron que en Mitla, menos de 5 comuneros incluidos los hermanos Pepe y Cirilo Juárez Antonio, buscan mantener el control del territorio comunal excluyendo al resto de la población, muchos de los cuales tienen posesiones acreditadas y escrituras legales.
Afirmaron que el grupo opera bajo el amparo del Comisariado y se beneficia de la omisión y complicidad de este Tribunal Unitario Agrario 21.
Refieren que la situación se agrava con actos de violencia física, como la agresión con arma blanca que sufrió Efraín Hernández en 2024.
Denunciaron al Tribunal Agrario por haber realizado un procedimiento parcial que resultó en una resolución agraria en contra de Efraín Hernández García que violó sus derechos al no dejarlo defenderse.
Simulación de procedimientos para el acta de posesión que le fue otorgada a Adolfo Hernández García.
Por lo pronto, demandaron una Auditoría federal al Comisariado de Bienes Comunales de Mitla, intervención inmediata de la Procuraduría Agraria y SEDATU.
De la misma forma, sanciones penales contra las simulaciones de procedimientos para la expedición de actas de posesión del Comisariado de Bienes Comunales de Mitla.
Atención urgente de la CNDH y organismos internacionales.
Los inconformes demandaron también al Gobernador, Salomón Jara Cruz, y a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, su intervención inmediata para detener la red de corrupción agraria, garantizar el estado de derecho y proteger a las familias afectadas por estos atropellos.
En todos los casos hay falsificación de documentos, el inicio de juicios agrarios e incluso denuncias penales.
En este esquema, aseguraron que están coludidos los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Mitla, notarios públicos, abogados y funcionarios del Tribunal Unitario Agrario.
“En Mitla, menos de 100 comuneros buscan mantener el control del territorio comunal excluyendo al resto de la población, muchos de los cuales tienen posesiones acreditadas y escrituras legales. Este grupo opera bajo el amparo del Comisariado y se beneficia de la omisión o complicidad del Tribunal Agrario”, afirmó Irvin Uriel Hernández Sosa, una de las víctimas.
Hernández Sosa mencionó que el caso del terreno “El Macahuite”, propiedad de su padre Efraín Hernández García, es uno de los ejemplos más claros de cómo el Comisariado de Bienes Comunales, el Tribunal Agrario del Distrito 21 y particulares coludidos han tejido una estructura que atropella el derecho a la tierra y criminalizaa quienes la defienden.
“Lo más grave es que el Comisariado de Bienes Comunales de Mitla le expidió actas de posesión fuera de toda norma, sin consultar al núcleo agrario, usando una supuesta compraventa con un personaje ficticio llamado Julián Sosa”.
“Este no es un caso aislado. En Mitla se repiten historias similares. Existe un patrón claro de despojo agrario impulsado por intereses económicos disfrazados de autoridad comunal, con la ayuda de instituciones que deberían proteger los derechos campesinos, no pisotearlos. Es una forma moderna de despojo: legal en apariencia, profundamente injusta en el fondo”.
Teresa Vásquez Ramírez relató que los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Villa de Mitla, la quieren desalojar de su casa “a la mala”.
“Ahora estoy muy cansada de tanto pagar licenciado y dar vueltas y ya ellos me quieren desalojar definitivamente de mi casa, cuando vivía con mi esposo, en un esfuerzo muy grande hicimos nuestros terreno, porque somos campesinos y ahí nos mantenemos”.
Vásquez Ramírez agregó que inmediatamente después de la muerte de su esposo, las autoridades agrarias de la comunidad llegaron a desalojar para quitarle su casa y su terreno, en el cual siembra maíz.
“Fui a la Fiscalía de Oaxaca en Tlacolula y qué pasa, que ellos no saben nada. Estuve esperando tres citatorios y nunca llegaron; pero que tal ellos, me denunciaron en el Tribunal, y aquí el Tribunal los ha favorecido a ellos para que me desalojen”, manifestó.
Elvia Matías, otras de las víctimas, afirmó que en el caso de la propiedad de su padre Javier Matías presentaron una denuncia penal en su contra con la que intentan meterlo a la cárcel.
Las familias afectadas exigieron al Tribunal Unitario Agrario 21 la anulación de los juicios agrarios promovidos con documentos falsos; la restitución inmediata de los predios a sus legítimos dueños; una auditoría federal al Comisariado de Bienes Comunales de Mitla; la intervención de la Procuraduría Agraria y la SEDATU; sanciones penales contra los responsables del despojo; y la atención urgente a estos casos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales.
