“No solamente por una conducta sino también por omisiones se pueden fincar responsabilidades”, señaló Luis Raúl González Pérez
Xalapa, Veracruz (La Silla Rota).- Para Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá investigar a Arturo Bermúdez Zurita -exsecretario de Seguridad Pública- por haber permitido, tolerado o instruido desapariciones forzadas en Veracruz entre 2011 y 2016.
Lo anterior fue dicho en alusión a la recomendación 01/2017, publicada este 03 de octubre por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en la que se expusieron 81 casos de desaparición de los cuáles 22 habrían sido cometidas por policías o servidores públicas de la SSP.
“Él (Arturo Bermúdez) no está exento de que el ministerio público investigue el conocimiento que tuvo (en las desapariciones forzadas). No solamente por una conducta sino también por omisiones se pueden fincar responsabilidades”, respondió el titular de la CNDH.
González Pérez agregó que la Fiscalía veracruzana es responsable de investigar la cadena de mando en el interior de la Secretaría de Seguridad Pública, altos funcionarios que de alguna manera hayan “permitido, tolerado o instruido desapariciones forzadas”, entre ellos Bermúdez Zurita hoy preso por delitos relacionados con corrupción.
“Una sola desaparición forzada representa un reto ineludible para cualquier estado, su maquinaria de justicia se pone a prueba no solo ante los ciudadanos si no ante el consejo internacional y las asociaciones civiles que exigen respeto y vigencia de derechos humanos”, señaló.
Luis Raúl González citó como ejemplo las recomendaciones emitidas por la CNDH por dos casos de desaparición forzada. El primero de ellos cometido el 11 de enero de 2016 en Tierra Blanca donde cinco jóvenes fueron privados de su libertad por policías estatales y posteriormente entregados a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En tanto, la recomendación 6VG/2017 fue publicada el 01 de octubre pasado por la desaparición de tres jóvenes, el 19 de marzo de 2016 a cargo de policías municipales de Papantla que habrían cometido el ilícito en contubernio con integrantes del cártel de ”Los Zetas”.
“Casos hay muchos en los que se ha evidenciado la participación de autoridades con particulares. En cada caso se debe llegar a la verdad mediante una investigación exhaustiva y pertinente que localice a las personas desaparecidas y a los responsables para que sean castigados conforme a derecho”, abundó.
Lo anterior fue respaldado por Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quien refirió en entrevista que “se tiene que investigar y determinar a todos los servidores públicos que hayan participado y sancionar a los responsables”.
Matzumoto Benítez enfatizó que los 81 casos que forman parte de la recomendación 1/2017, constituyen un patrón sistemático de omisiones de exfuncionarios de la FGE que “sin lugar a dudas ha generado impunidad; irregulares en investigación que obstaculizaron que las indagatorias tuvieran resultados satisfactorios”.
“El inicio de la investigación constituyó mera formalidad. La investigación provoca que los autores materiales e intelectuales no sean presentados ante la justicia, pero también que los servidores públicos a cargo de las indagatorias iniciales perpetúen las prácticas que violan los derechos humanos”, señaló la titular de la CEDH.
Advirtió que en la recomendación se incluye que los servidores públicos responsables sean separados de sus cargos y en su caso sean procesados penalmente.
“No solo se debe castigar a policías de menor rango”: Aracely Salcedo
Por su parte, Aracely Salcedo Jiménez, integrante del colectivo Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, recordó que su agrupación ha demandado que no “solo se debe castigar a los policías de menor rango, aquí se le deben fincar las debidas responsabilidades a cada servidor público que estaba al mando en ese momento, como tenemos el caso de Bermúdez”.
La madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida en septiembre de 2012 recordó que, como se cita en la recomendación de la CEDH, de los 81 casos por desaparición, la mayor reincidencia se concentra en la zona centro de Veracruz, en los municipios de Córdoba y Orizaba.
Agregó que las investigaciones se deben trasladar hasta la FGE, iniciando por el exfiscal general Luis Ángel Bravo Contreras. “Él hizo una omisión muy grave por el tema de las pruebas falsas de ADN, él está como sin nada y no dudaría que el día de mañana esté en otro cargo público”, sostuvo.
El comentario de la madre fue respaldado por Luis Raúl González Pérez, quien dijo que en Veracruz se observa un patrón de justicia que no satisface el acceso a la justicia a los familiares de desaparecidos, “un tema que viene de años atrás pero que hoy persiste”, aseveró.
Óscar Sánchez Tirado, ex director general de Prevención y Reinserción Social, fue detenido en Mazatlán, Sinaloa acusado de desaparición forzada
Con información de lasillarota.com/ MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA
