Redacción El Piñero | Corresponsalía
Como criminal y fallida calificó Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), a la política migratoria implementada por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Esto indicó en una entrevista concedida al periodista Juan Carlos Zavala de El Universal, donde resaltó que es una política violatoria de los derechos humanos de los migrantes que lo que busca es “estacionar” la migración en el Istmo de Tehuantepec y en la capital de Oaxaca, es decir, retrasar el avance migratoria hacia el norte del país en la búsqueda por cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
Por ejemplo -dijo- “No hay ningún argumento jurídico para que puedan bajarse de un camión, cuando traen un boleto pagado, cuando vienen prácticamente en estado regular porque ellos han tenido su forma migratoria que se llama CBP One y ellos vienen con ese documento porque lo han hecho desde sus países o muchos lo han hecho en la frontera sur”.
En ese sentido los funcionarios del Inami obligan a las personas a seguir su camino a pie, sin importar que sean familias con menores de edad y que su tránsito por el país sea legal o regular, situación que pone en mayor riesgo.
Y es que los informes de autoridades estatales indican que muchos migrantes han sido capturados por la delincuencia organizada, además de que se han presentado reportes de desapariciones de niños y niñas.
El órgano autónomo emitió medidas cautelares al gobierno de Salomón Jara las cuales están dirigidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Coordinador Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, a la directora General de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Oaxaca, así como a los alcaldes de Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino.
Esto con el fin de que las autoridades tomen acciones para atender a los miles de extranjeros en tránsito que pasan por ciudades como Juchitán y Oaxaca de Juárez, situación que también ha generado protestas ciudadanas.
En la entrevista con El Universal Oaxaca, Lara Rodríguez remarcó que la migración en el estado debe observarse desde dos aristas. Una el tema de la inseguridad y vulnerabilidad de las personas, así como por el lado de la ayuda humanitaria.
Por su parte, el Inami debe encargarse de la seguridad y ante la comisión de un delito las autoridades tienen que intervenir. Mientras que en territorio oaxaqueño las autoridades deben velar por los derechos humanos y humanitario.
“Les corresponde atender y dar esta ayuda humanitaria, este apoyo. La ayuda humanitaria no se criminaliza y tendrá que ser el estado quien obviamente apoye a los migrantes”.
