Jaime GUERRERO | El Piñero
Casos de defraudados por supuestas financieras, reclamos de desaparición de poderes en municipios y hasta de particulares que se dirimen en juzgados del Poder Judicial, confluyeron en la sede del Congreso del Estado, cuyos protagonistas, reclamaron la intervención de los diputados y diputadas locales.
Durante la sesión ordinaria de la LXIV Legislatrua, arribaron simultaneamente defraudados por financieras denominadas Autofin Monterrey y Non Debitum.
Afectados, con pancarta en mano, acusaron que fueron defraudados por montos que van desde los 30 hasta más de 100 mil pesos.
Exigieron la intervención de las y los diputados para que las supuestas empresas reintegren los recursos que les solicitaron. Denunciaron que trabajadores de la empresa les ofrecieron créditos hipotecarios, automovilísticos y financieros, pero antes tendrían que realizar una serie de depósitos por diversas cantidades.
Aseguraron los afectados, que tras realizar los depositos, no responden las llamadas y en el momento de acudir a las oficinas nunca estan.
Ambas empresas, una ubicada en Plaza Cristal Chedraui y una más en la colonia Reforma les prometieron viajes internacionales.
En materia electoral, 7 de 10 regidores de la Villa de Zaachila, demandaron al Presidente de la Comisión de Gobernación, Jorge Villacaña Jiménez, procesar la revocación de mandato del edil Cástulo Bretón Mendoza, quien ejerció violencia política por razón de género contra la regidora de Turismo, Carolina Martínez Tomás.
La funcionaria municipal denunció al edil emanado de las filas del Partido Unidad Popular (PUP), el pasado 10 de febrero ante la Fiscalía del Estado por acoso laboral, malos tratos y prepotencia.
Además, el caso fue dirimido en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya sanción tambien alcanza al regidor de Educación, el secretario Municipal y la extesorera Municipal.
Corresponde ahora a la Comisión de Gobernación dictaminar sobre la revocación del mandato, aseguraron los concejales.
Fue la Sala Regional Xalapa del TEPJF, quien confirmó la existencia de violencia política en razón de género por parte del edil de la Villa de Zaachila, Cástulo Bretón Mendoza, en contra la regidora de Turismo, Carolina Martínez.
El pleno de los magistrados de Sala Xalapa confirmó la sentencia que emitió el TEEO, sobre la obstrucción del ejercicio de un derecho político-electoral.
Pero, además, el TEPJF determinó la pérdida de la presunción de tener un modo honesto de vivir del presidente municipal, Castulo Bretón, y de diversos integrantes de dicho ayuntamiento de la región de Valles Centrales, con lo cual ya no podría participar en otros cargos públicos.
También decidieron modificar la sentencia con relación al hecho de que el TEEO declaró la pérdida de la presunción de contar con un modo honesto de vivir, pues ello deberá valorarse en su caso, hasta en tanto se solicite el registro para contender por un cargo de elección popular, ya que tal presunción se refiere a un requisito de elegibilidad.
En tanto, Luvia Altamirano Raymundo, protestó durante la sesión del pleno de la LXIV Legislatura, porque asegurá que su ex pareja, el juez segundo de distrito de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, incurre en supuesta violencia familiar y ha obstaculizado la justicia para ella y su hijo.
Ante medios de comunicación, que la jueza está en facultades de intervenir a favor de un menor de edad, pero no lo quiere hacer.
Acusó promovió modificación de las convivencias o convivencias vigiladas, menos horas o menos días a la semana porque su hijo no descansa ningún día.
De la misma manera -indicó- su expareja logró que se certificaran marcas de nacimiento como golpes y moretones para interponer una denuncia por violencia en contra de Altamirano Raymundo.
Sobre el caso, la diputada de Morena, Hilda Graciela Pérez Luis, fijó posicionamiento en tribuna y pidió al magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez, a integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Fiscalía General del Estrado, actuar imparcial conforme a derecho, prevaleciendo en todo momento, el interés superior de la niñez y con perspectiva de género.
