Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- En el informe Minería y privilegios: captura política y desigualdad en el acceso a los bienes comunes naturales en México, efectuado por Oxfam México, indica que las mineras canadienses y estadounidenses ponen en peligro a las comunidades ubicadas en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, ya que son las que más acaparan este territorio, en especial de comunidades que viven en pobreza.
Oxfam detalla que la región de los Valles Centrales es rica en depósitos de minerales preciosos, en particular el oro, mismo que se encuentra en estado casi libre, también hay depósitos de polimetales con alto contenido de plata y cierta producción de plomo, además de los minerales no metálicos que incluyen el grafito, feldespato, mica, cuarzo, ónix y yeso.
A la fecha se han otorgado 112 títulos de concesión minera que cubre una superficie concesionada de 211 mil 428 hectáreas, que representa el 22 por ciento de la región, asimismo, el Servicio Geológico Mexicano reporta 21 proyectos mineros, de los cuales 16 se encuentran en etapa de exploración, dos en etapa de desarrollo y tres en explotación.
El informe abunda en que las empresas que acaparan el mayor número de concesiones son Fortuna Silver Inc. de capital canadiense, que tiene 32 concesiones con una superficie de 87 570 hectáreas y Gold Resource Corporation de capital estadounidense tiene 22 concesiones con una superficie de 62 097 hectáreas.
“Los Valles Centrales es la región del estado de Oaxaca que presenta una mayor concentración de concesiones mineras, dichas concesiones se encuentran en municipios que cuentan con un índice de desarrollo humano (salud, educación e ingresos) bajo, por otra parte, los niveles de pobreza son altos, en un rango entre el 80 por ciento y 90 por ciento de la población en situación de pobreza”, refieren.
El documento señala que en municipios como San José del Progreso, en el cual hay explotación minera comercial desde 2011 por parte de la empresa de origen canadiense, Fortuna Silver Mines, la población mantiene altos niveles de pobreza; el 96.5 por ciento de la población está en situación de pobreza.
Estos datos refuerzan la tesis de que la actividad extractiva no es la solución a las condiciones de pobreza y desigualdad material en la que se encuentran comunidades campesinas e indígenas y por el contrario, en muchas ocasiones la minería profundiza la desigualdad y la pobreza material, ya que disputa a las comunidades sobre todo campesinas e indígenas, bienes naturales fundamentales para la reproducción material y simbólica de la vida.
“Vemos con preocupación que las promesas de mejora de las condiciones de vida de las comunidades son utilizadas como discurso para legitimar la explotación minera, comunidades pobres con un índice de desarrollo humano bajo y altos niveles de pobreza tienen un grado de vulnerabilidad mayor frente a los discursos de bienestar material que promueven las empresas mineras y el Estado”, externan.
Las concesiones mineras otorgadas a Fortuna Silver Mines afectan directamente a 35 municipios de los Valles Centrales; Taniche, Coatecas Altas, San Miguel Ejutla, Ejutla de Crespo, Santa Lucía Ocotlán, Santa Catarina Minas, San Pedro Taviche, San Miguel Tilquiápam, San Martín de los Cansecos, San Jerónimo Taviche, San Baltazar Chichicapam, Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Pedro Apóstol y San José del Progreso en la región Ocotlán-Ejutla y San Lorenzo Albarradas, San Dionisio Ocotepec, Santa María del Tule, Yaxe, Santo Domingo Tomaltepec, Santiago Matatlán, Santa María Guelace, Santa Cruz Papalutla, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Abasolo, San Lucas Quiaviní, San Juan Teitipac, San Juan Guelavía, San Baltazar Chichicapam, Rojas de Cuahutémoc, Magdalena Teitipac, San Francisco Lachigoló, San Jerónimo Tlacochahuaya, Teotitlán del Valle y Tlacolula de Matamoros.
Es de destacar que muchas de las comunidades que son afectadas por las concesiones mineras en los Valles Centrales iniciaron un proceso organizativo cuyo eje principal es la defensa de su territorio y los bienes naturales que en él se encuentran, la defensa del agua y el rechazo a la minería son puntos centrales en su lucha.
El 8 de noviembre de 2015, en asamblea regional, las autoridades de las comunidades de Monte del Toro, El Vergel y sus anexos Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac, emitieron una declaratoria en la que hicieron público su rechazo a los proyectos mineros.
Prohibieron de manera estricta la emisión de autorizaciones a favor de personas, dependencias, empresas, organizaciones civiles, investigadores y cualquier otra instancia de gobierno o privada, para realizar estudios de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento que tenga por objeto extraer minerales del subsuelo del territorio de nuestros ejidos y comunidades.
