POR EL ZAPPO
homozapping.com.mx
México.- Un comunicado redactado por organizaciones civiles y activistas señala que, luego de trabas políticas, una corte internacional reconoció la responsabilidad del gobierno en el saldo sangriento que generó el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz, contra el movimiento social que surgió en 2006-2007, y que comenzó con las demandas laborales de la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación. De acuerdo con el comunicado, el entonces gobernador se caracterizó por recurrir a la violencia sistemática para reprimir a las personas que, haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, cuestionaban la falta de políticas públicas.
Para disolver las manifestaciones ciudadanas, el Gobierno recurrió a todo el aparato estatal que encarceló injustificadamente a los inconformes. Asimismo, implementó acciones de grupos armados ilegales que se dedicaron a causar terror dentro de la población y a cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de los líderes del movimiento. El saldo fue de más de 301 personas muertas, 3112 personas detenidas arbitrariamente, 2483 personas torturadas, y por lo menos dos desapariciones forzadas.
“Podemos considerar que el año 2006, en Oaxaca, es el punto de partida para la implementación de una política represiva de contención de la protesta social por parte del Estado, pues durante aquellos años se ensayaron estrategias de persecución e incluso de exterminio en contra de las y los luchadores sociales y defensoras y defensores de derechos humanos”, reza el comunicado.
Narran que en 2016 la Comisión de la Verdad entregó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca una investigación que obligó a abrir un expediente, y en consecuencia, a analizar cuáles son las responsabilidades de este organismo defensor de derechos humanos para tener en cuenta las acciones a emprender.
En la resolución de dicha investigación, la Suprema Corte estipula que las autoridades locales que participaron en hechos que constituyen violación grave de garantías, son el entonces Gobernador del Estado de Oaxaca, cuya participación fue lisa y llana, sin atenuantes; el Director General de Seguridad Pública del Estado; el Director de la Policía Ministerial; el Director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial y mandos operativos.
“Para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, durante los años 2006 y 2007 las instituciones de seguridad del Estado (cuerpos federales, estatales y municipales de policía) cometieron crímenes graves, en particular asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y encarcelaciones masivas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y por realizarse como parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones definidos y por el carácter organizado de su accionar”, señalan. “No debemos pasar por alto que los señalados como responsables por diferentes y numerosos testigos son el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, el ex gobernador Ulises Ruiz, , los ex secretarios de gobierno Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Jorge Franco Vargas y Manuel García Corpus, la ex procuradora Lizbeth Caña Cadeza, el ex secretario de protección ciudadana Sergio Segreste Ríos, el ex subsecretario de gobierno y ex subprocurador de la Procuraduría de Justicia estatal Rubén Vasconcelos Méndez, el ex director de Seguridad Pública Delfino Cruz Hernández, el ex director de Educación Pública Emilio Mendoza Kaplan, el ex regidor de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino Abel Santiago Zárate, entre otros”, agregan.
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