Jaime GUERRERO
Una pareja presentó una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) por presuntas violaciones a derechos humanos, actos de corrupción y abuso de autoridad en la Oficialía del Registro Civil de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, donde acusan que se registró un matrimonio que nunca se celebró, sin la presencia ni consentimiento de los contrayentes.
La denuncia va dirigida contra Constantino Pevig Montesinos José, oficial del Registro Civil en Tlaxiaco, a quien señalan por vulnerar los derechos de legalidad, igualdad y no discriminación, además de transgredir disposiciones constitucionales y del marco legal civil y familiar de Oaxaca.
De acuerdo con el relato, a inicios de octubre los denunciantes acudieron a la oficialía para iniciar el trámite de matrimonio civil, entregaron documentación y se les asignó fecha para la ceremonia el 6 de noviembre a las 14:00 horas.
Sin embargo, por causas de fuerza mayor, no pudieron presentarse ni avisar oportunamente.
Ese mismo día, la solicitante acudió más tarde para cancelar el trámite, pero una empleada le aseguró que “era forzoso casarse”, ya que el pago del derecho había sido cubierto “de su bolsillo”, negándose a cancelar la solicitud.
Posteriormente, el 10 de noviembre, el oficial del Registro Civil llamó para exigir el pago de una supuesta cuenta pendiente.
El denunciante acudió a la oficialía y realizó el pago sin recibir recibo o comprobante. Tras ello, personal del Registro Civil les informó que ya se encontraban casados, pese a que no hubo ceremonia, ni firmas, ni consentimiento expreso. Como “única salida”, se les indicó iniciar un divorcio.
El 20 de noviembre, la denunciante solicitó directamente al oficial la anulación del acta, argumentando que el matrimonio no podía existir al no cumplirse las formalidades legales.
Según la queja, el funcionario respondió de manera déspota y agresiva, insistiendo en que el acta ya estaba “dada de alta” en la plataforma nacional y que no podía anularse por estar foliada.
La pareja se negó a firmar el acta y aportó un video de la conversación como prueba, además de la impresión del acta que consideran irregular.
En la queja se citan los artículos 104 y 105 del Código Civil de Oaxaca, que establecen que el matrimonio debe celebrarse con la presencia de los contrayentes, la lectura de la solicitud, la manifestación expresa de voluntad, y la firma de contrayentes y testigos, formalidades que —aseguran— no ocurrieron.
También invocan el Código Familiar del Estado, que prevé la nulidad cuando se contravienen dichas disposiciones.
Los denunciantes solicitaron a la DDHPO admitir la queja, salvaguardar sus derechos humanos, investigar las irregularidades, ordenar la anulación del acta y determinar las responsabilidades administrativas del servidor público involucrado.
